DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus 
habitantes sabed: 

 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 

 

La H. “LXII” Legislatura del Estado de México decreta: 

 

DECRETO NÚMERO 365 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México y Municipios, para quedar como sigue: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Capítulo I 

Disposiciones Preliminares 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto garantizar el derecho 
humano al acceso a la información pública y promover la transparencia y rendición de cuentas en el 
Estado de México. 

 

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 

 

I. Establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 
información pública en posesión de cualquier autoridad, agencia, comisión, comité, corporación, ente, 
entidad, institución, órgano, organismo o equivalente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 
Estado de México, órganos constitucionalmente autónomos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física o jurídica colectiva que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito estatal o municipal; 

 

II. Regular la organización y funcionamiento del Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de México y de las autoridades garantes del Estado; 

 

III. Proveer lo necesario para garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información pública, a 
través de procedimientos sencillos, expeditos, oportunos y gratuitos; 

 

IV. Contribuir a la mejora de procedimientos y mecanismos que permitan transparentar la gestión 
pública y garantizar condiciones homogéneas y accesibles para las personas solicitantes; 

 

V. Regular los medios de impugnación y los procedimientos para su desahogo ante las autoridades 
garantes del Estado; 

 

VI. Establecer las bases para la difusión proactiva de la información de interés público a cargo de los 
sujetos obligados; 

 

VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el 
acceso a la información pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, mediante políticas 


públicas y mecanismos que garanticen la difusión de información oportuna, verificable, comprensible, 
actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todas las 
personas y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región 
del Estado; 

 

VIII. Propiciar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas con el fin de 
fortalecer la democracia en el Estado, y 

 

IX. Establecer los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de las medidas de apremio y sanciones 
que establece esta Ley. 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I. Ajustes Razonables: Modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, con el fin de garantizar 
a las personas con discapacidad el goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos; 

 

II. Áreas: Instancias que disponen o pueden disponer de la información pública. En el sector público, 
serán aquellas que estén previstas en su reglamento interior, estatuto orgánico, manual de organización 
o equivalentes; 

 

III. Autoridad Garante Local: A Transparencia Mexiquense, órgano administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, el cual conocerá de los asuntos en materia 
de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados de la entidad y de sus municipios, así como coordinará y aplicará los lineamientos y criterios 
que establezca el Sistema Nacional conforme a las disposiciones de esta Ley; 

 

IV. Autoridades Garantes del Estado: A la Autoridad Garante Local, la Contraloría Interna del Poder 
Judicial, la Contraloría del Poder Legislativo, y los órganos internos de control o equivalentes de los 
órganos constitucionales autónomos de la entidad; 

 

V. Comité de Transparencia: Al cuerpo colegiado que se integre en cada sujeto obligado, en los términos 
y con las funciones que señala el artículo 33 de esta Ley; 

 

VI. Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

VII. Constitución Local: A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

 

VIII. Consejo Nacional: Al Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública al que hace 
referencia el artículo 26 de la Ley General; 

 

IX. Datos abiertos: A los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser 
usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona interesada, los cuales tienen las siguientes 
características: 

 

a) Accesibles: Disponibles para la mayor cantidad de personas usuarias posibles, para cualquier 
propósito; 

 

b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; 

 


c) Gratuitos: No requieren contraprestación alguna para su acceso; 

 

d) No discriminatorios: Están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro; 

 

e) Oportunos: Son actualizados periódicamente, conforme se generen; 

 

f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso 
público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto; 

 

g) Primarios: Provienen directamente de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación 
posible; 

 

h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e 
interpretados por equipos electrónicos de manera automática; 

 

i) En formatos abiertos: Estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de 
presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, 
cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de 
acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna, y 

 

j) De libre uso: Requieren la cita de la fuente de origen como único requisito para su uso. 

 

X. Días: A los días hábiles; 

 

XI. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas y, en general, cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencias de los sujetos obligados, sus personas servidoras públicas y demás integrantes, sin 
importar su fuente o fecha de elaboración, ni el medio en el que se encuentren, ya sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 

 

XII. Expediente: A la unidad documental física o electrónica compuesta por uno o varios documentos 
de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; 

 

XIII. Formatos abiertos: Al conjunto de características técnicas y de presentación de la información que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su 
procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso 
sin restricción de uso por parte de las personas usuarias; 

 

XIV. Formatos accesibles: A cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a las personas 
solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni 
otras dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el 
que la información pueda encontrarse; 

 

XV. Información de Interés Público: Aquella que resulta relevante o útil para la sociedad y no 
simplemente de interés individual, cuya divulgación contribuye para que el público conozca y comprenda 
las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados en el ejercicio de sus funciones y como ejercen los 
recursos públicos, así como a exigir la rendición de cuentas y el combate a la corrupción; 

 

XVI. Ley: A la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 

 


XVII. Ley General: A la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

 

XVIII. Órganos Autónomos: A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México, el Tribunal Electoral 
del Estado de México, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 

 

XIX. Personas Servidoras Públicas: A las mencionadas en el artículo 130 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; 

 

XX. Personal Habilitado: A las personas servidoras públicas adscritas a las diversas unidades 
administrativas o áreas del sujeto obligado, encargadas de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso 
a la información, a sus respectivas unidades de transparencia; 

 

XXI. Plataforma Nacional: A la Plataforma Nacional de Transparencia prevista en la Ley General; 

 

XXII. Sistema Nacional: Al Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública; 

 

XXIII. Subsistema de Transparencia: Al Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de México; 

 

XXIV. Sujetos Obligados: A cualquier autoridad, agencia, comisión, comité, corporación, ente, entidad, 
institución, órgano, organismo o equivalentes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la 
administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona 
física o jurídico colectiva que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
estatal y municipal, que deba cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ley; 

 

XXV. Unidad de Transparencia: A la instancia establecida por los sujetos obligados a la que se refiere 
el artículo 37 de esta Ley, y 

 

XXVI. Versión pública: Al documento o expediente mediante el cual se otorga acceso a la información 
pública, previa eliminación u omisión de aquellas partes o secciones que se encuentren clasificadas 
conforme a la Ley. 

 

Capítulo II 

De los Principios Generales 

 

Sección Primera 

De los Principios Rectores de las Autoridades Garantes del Estado 

 

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información pública es una prerrogativa de las personas 
que comprende buscar, difundir, investigar, solicitar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, o en posesión de los sujetos obligados 
es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se 
establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, 
la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de 
la información. 

 

La información podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público o 


seguridad en los términos previstos por la Ley General y la presente Ley. 

 

Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se 
apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de las 
personas solicitantes. 

 

Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información relacionada con violaciones graves 
a los derechos humanos o con delitos de lesa humanidad, conforme al derecho nacional o los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

Ninguna persona podrá ser objeto de inquisición judicial o administrativa derivado del ejercicio del 
derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos o 
indirectos. 

 

Artículo 6. El Estado de México garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en 
posesión de cualquier autoridad, agencia, comisión, comité, corporación, ente, entidad, institución, 
órgano, organismo o equivalente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o jurídica colectiva que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de competencia del Estado de México 
y sus municipios. 

 

Artículo 7. El derecho de acceso a la información y la clasificación de la información se interpretarán 
conforme a los principios establecidos en la Constitución Federal, en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, en la Constitución Local y en la presente Ley. 

 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, la Ley General, la Constitución Local, esta Ley, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo 
en todo momento la protección más amplia de los derechos de las personas. 

 

Para el caso de la interpretación, se podrán considerar los criterios, determinaciones y opiniones de las 
Autoridades Garantes y de los organismos internacionales en materia de transparencia. 

 

Artículo 8. Las Autoridades Garantes del Estado deberán regir su funcionamiento de acuerdo con los 
principios siguientes: 

 

I. Certeza: otorga seguridad y certidumbre jurídica a las personas, en virtud de que permite conocer si 
las acciones que realizan son apegadas a derecho y garantizan que los procedimientos sean 
completamente verificables, fidedignos y confiables; 

 

II. Congruencia: Implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la 
respuesta proporcionada por el sujeto obligado; 

 

III. Documentación: Consiste en que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 
encuentre, sin que ello implique la elaboración de documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
información; 

 

IV. Eficacia: Tutela de manera efectiva, el derecho de acceso a la información pública; 


 

V. Excepcionalidad: Implica que la información podrá ser clasificada como reservada o confidencial 
únicamente si se actualizan los supuestos que esta Ley expresamente señala; 

 

VI. Exhaustividad: Significa que la respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos 
solicitados, con las limitantes del principio de documentación; 

 

VII. Gratuidad: Consiste en que el acceso a la información pública no genera costo alguno para las 
personas solicitantes, sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y 
entrega solicitada conforme a lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

 

VIII. Imparcialidad: Deben en sus actuaciones, ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en 
controversia, sin inclinaciones hacia ninguna de las partes involucradas; 

 

IX. Independencia: Deben actuar sin influencias que puedan afectar la imparcialidad o la eficacia del 
derecho de acceso a la información ni supeditarse a interés, autoridad o persona alguna; 

 

X. Legalidad: Ajustar su actuación a las disposiciones jurídicas aplicables, fundamentando y motivando 
sus resoluciones y actos; 

 

XI. Máxima Publicidad: Promover que toda la información en posesión de los sujetos obligados 
documentada sea pública, completa, oportuna y accesible, salvo en los casos expresamente establecidos 
en esta Ley o en otras disposiciones jurídicas aplicables, en los que podrá ser clasificada como reservada 
o confidencial por razones de interés público; 

 

XII. Objetividad: Ajustar su actuación a los supuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso 
en concreto para resolver, sin considerar juicios personales; 

 

XIII. Profesionalismo: Deben sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos 
que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de su actuar, y 

 

XIV. Transparencia: Dar publicidad a los actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso 
a la información que generen y tengan la obligación de documentar. 

 

Sección Segunda 

De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

Artículo 9. Las Autoridades Garantes del Estado, así como los Sujetos Obligados, en el ejercicio, 
tramitación e interpretación de la presente Ley y demás normatividad en la materia, deberán atender a 
los principios señalados en esta Sección. 

 

Artículo 10. Las Autoridades Garantes del Estado otorgarán las medidas pertinentes para asegurar el 
acceso a la información a todas las personas en igualdad de condiciones con las demás. 

 

Artículo 11. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, por lo que está prohibida toda forma 
de discriminación por cualquier motivo, que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la 
información pública en posesión de los sujetos obligados. 

 

Artículo 12. Toda la información pública documentada, obtenida, adquirida, transformada, o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y debe ser accesible a cualquier persona. Para ello, se 
deberán habilitar los medios y acciones disponibles, conforme a los términos y condiciones establecidos 


en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 13. Los sujetos obligados en la generación, publicación y entrega de información deberán: 

 

I. Garantizar que esta sea accesible, confiable, completa, congruente, verificable, veraz, expedita y 
oportuna, atendiendo las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona, sin 
embargo, estará sujeta a un régimen de excepciones claramente definido, y 

 

II. Procurar que se utilice un lenguaje inclusivo, claro y comprensible para cualquier persona, y en la 
medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 

 

Artículo 14. Las Autoridades Garantes del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, deberán suplir 
cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, sin que ello 
implique variar la solicitud, atendiendo al principio de congruencia. 

 

Artículo 15. El ejercicio del derecho de acceso a la información no podrá ser restringido ni estará 
condicionado a que la persona solicitante acredite interés alguno o justifique el motivo de su uso o 
utilización, por ello, ninguna persona servidora pública podrá requerir a los solicitantes de información 
que manifiesten las causas por las que presentan su solicitud o los fines a los cuales habrán de 
destinarla. 

 

Artículo 16. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y solo se podrá requerir el 
pago por los gastos correspondientes a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, de conformidad 
con los derechos, productos y aprovechamientos establecidos en la legislación aplicable, sin embargo, en 
ningún caso los ajustes razonables que se realicen para garantizar el acceso a la información a personas 
solicitantes con discapacidad, será con algún costo. 

 

Artículo 17. Se presume que la información debe existir cuando se refiere a las facultades, competencias 
y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y se tenga la 
obligación jurídica de documentarla. 

 

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, el sujeto obligado 
deberá motivar la respuesta que lo justifique. 

 

Artículo 18. Ante la negativa de acceso a la información o inexistencia, el sujeto obligado deberá indicar 
que la información solicitada se encuentra comprendida dentro de alguna de las excepciones previstas 
en esta Ley o, en su caso, que no corresponde a sus facultades, competencias o funciones, o bien, no 
existe la obligación jurídica de documentarla. 

 

Artículo 19. Todo procedimiento relacionado con el derecho de acceso, entrega y publicación de la 
información deberá: 

 

I. Sustanciarse de manera sencilla, clara y expedita, conforme a las disposiciones establecidas en esta 
Ley, y 

 

II. Propiciar las condiciones necesarias para garantizar que este sea accesible a cualquier persona, de 
conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Federal, el artículo 5o. de la Constitución Local y las 
demás disposiciones de la materia. 

 

Capítulo III 

De los Sujetos Obligados 


 

Artículo 20. Los sujetos obligados deberán transparentar y garantizar el acceso a la información 
documentada en su poder, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 21. Para el cumplimiento de los objetos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con 
las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo con su naturaleza: 

 

I. Constituir el Comité de Transparencia y las Unidades de Transparencia, así como velar por su correcto 
funcionamiento de acuerdo con su normatividad interna; 

 

II. Designar en las Unidades de Transparencia a las personas titulares que dependan directamente de la 
persona titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia; 

 

III. Proporcionar capacitación continua y especializada en materia de transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas y protección de datos personales al personal que forme parte de los 
comités y las unidades de transparencia; 

 

IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 

V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y 
accesibles; 

 

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial como lo disponga las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 

VII. Reportar a las Autoridades Garantes del Estado competentes sobre las acciones de implementación 
de las disposiciones jurídicas aplicables en la materia, en los términos que estos determinen; 

 

VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materia de 
transparencia y acceso a la información emitan las Autoridades Garantes del Estado, el Subsistema de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y el Sistema Nacional; 

 

IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos; 

 

X. Cumplir con las resoluciones emitidas por las Autoridades Garantes del Estado; 

 

XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia, 
integrando los archivos o ligas correspondientes en la Plataforma Nacional, según los procedimientos 
que para ello se establezcan; 

 

XII. Difundir proactivamente la información de interés público; 

 

XIII. Dar atención a las recomendaciones de las Autoridades garantes; 

 

XIV. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar 
las respuestas a solicitudes de información en lengua indígena, braille o cualquier otro ajuste razonable 
con el formato accesible correspondiente, en la forma más eficiente; 

 

XV. Promover la digitalización de la información en su posesión y la utilización de las tecnologías de 


información y comunicación, de conformidad con las políticas que al efecto establezca el Sistema 
Nacional; 

 

XVI. Responder las solicitudes en materia de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional 
en los términos y plazos establecidos en la presente Ley, sin perjuicio del medio en que se hayan 
presentado o la modalidad de reproducción y entrega solicitada; 

 

XVII. Procurar la generación de estadística de su información en formato de datos abiertos en la medida 
de lo posible y transparentarla; 

 

XVIII. Orientar y asesorar a las personas solicitantes para corregir cualquier deficiencia sustancial de 
las solicitudes, y 

 

XIX. Las demás que se establezcan en la presente Ley y la normatividad aplicable en la materia. 

 

Artículo 22. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, 
procesos, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley General y la presente Ley, en los 
términos que las mismas determinen. 

 

Artículo 23. Los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, 
no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos 
análogos, deberán cumplir con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa 
responsable de coordinar su operación. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Capítulo I 

Del Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México 

 

Artículo 24. El Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México se integra 
por el conjunto orgánico y articulado de sus integrantes, procedimientos, instrumentos y políticas, con 
el objeto de fortalecer la evaluación de la gestión pública, la promoción del derecho de acceso a la 
información, la difusión de una cultura de la transparencia y a su accesibilidad, así como, a una 
fiscalización y rendición de cuentas efectivas en el Estado de México. Tiene como finalidad coordinar y 
evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia y acceso a la información 
pública estatal y municipales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos 
correspondientes que se emitan de conformidad con lo señalado en la presente Ley, la Ley General y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

El Subsistema de Transparencia tendrán las siguientes funciones: 

 

I. Dar a conocer al Consejo Nacional, a través de su Presidencia, las opiniones que tuvieren sobre el 
proyecto de política nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública; 

 

II. Apoyar en la supervisión de la ejecución de la política nacional en materia de transparencia y acceso 
a la información pública; 

 

III. Presentar al Consejo Nacional un informe anual sobre sus actividades; 

 

IV. Impulsar acciones de coordinación entre sus integrantes que promuevan el cumplimiento de 


obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública; 

 

V. Opinar respecto de los demás asuntos que someta a su consideración el Consejo Nacional, y 

 

VI. Las demás que le confiera el Sistema Nacional. 

 

Artículo 25. El Subsistema funcionará por conducto de su respectivo Comité, integrado por: 

 

I. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá; 

 

II. La persona titular de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado; 

 

III. La persona titular de la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado; 

 

IV. La persona titular del Órgano Interno de Control o equivalente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México; 

 

V. La persona titular del Órgano Interno de Control o equivalente la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México; 

 

VI. La persona titular del Órgano Interno de Control o equivalente del Instituto Electoral del Estado de 
México; 

 

VII. La persona titular del Órgano Interno de Control o equivalente del Tribunal Electoral del Estado de 
México; 

 

VIII. La persona titular del órgano interno de control o equivalente el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de México; 

 

IX. La persona titular del Órgano Interno de Control o equivalente de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, y 

 

X. Siete personas titulares de los Órganos Internos de Control municipales, una por cada una de las 
siete zonas, conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo del Estado de México, designadas 
anualmente por insaculación. 

 

Las personas integrantes del Comité podrán ser suplidas en sus ausencias por la persona servidora 
pública que al efecto designen, quienes deberán tener el nivel jerárquico inmediato inferior al de ellas. 

 

Las personas integrantes del Comité contarán con voz y voto, y ejercerán sus cargos a título honorífico, 
por lo que no recibirán retribución, emolumento, ni compensación por su participación. 

 

Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de sus integrantes presentes. En caso de empate la 
persona que lo preside tendrá voto de calidad. 

 

Artículo 26. El Comité, por conducto de su Presidencia, podrá invitar a las personas, instituciones, 
representantes de los sujetos obligados y de la sociedad, que por la naturaleza de los asuntos a tratar 
deban participar en el desahogo de las reuniones del mismo. En todo caso, los sujetos obligados tendrán 
la potestad de solicitar ser invitados a estas reuniones, quienes tendrán voz, pero no voto. 

 

 


Capítulo II 

De la Autoridad Garante Local 

 

Artículo 27. El órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de México, denominado Transparencia Mexiquense, como Autoridad Garante Local, 
cuenta con autonomía técnica y operativa para el ejercicio de sus atribuciones que se establecen en la 
Ley General, en esta Ley, su Reglamento Interior y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Capítulo III 

De las Autoridades Garantes del Estado 

 

Artículo 28. Las Autoridades Garantes del Estado serán responsables de garantizar, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución Federal, 
así como por lo previsto en la Ley General, en la Constitución Local, en esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 

Artículo 29. Las Autoridades Garantes del Estado tendrán las atribuciones siguientes: 

 

I. Interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, los ordenamientos que les resulten aplicables y que 
deriven de la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y esta Ley; 

 

II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por las personas particulares en contra de 
las resoluciones de los sujetos obligados en sus respectivos ámbitos de competencia, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo I del Título Séptimo de la presente Ley; 

 

III. Imponer las medidas de apremio y sanciones, según corresponda, de conformidad con lo previsto en 
la presente Ley y demás disposiciones que deriven de la misma; 

 

IV. Promover y difundir el ejercicio de los derechos de acceso a la información, de conformidad con la 
política nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública y las disposiciones 
jurídicas aplicables en la materia; 

 

V. Fomentar la cultura de la transparencia en el ámbito de su competencia; 

 

VI. Brindar capacitación a las personas servidoras públicas y apoyo técnico a los sujetos obligados en 
materia de transparencia y acceso a la información; 

 

VII. Establecer políticas de transparencia con sentido social, atendiendo a las condiciones económicas, 
sociales y culturales; 

 

VIII. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el 
marco de las políticas de transparencia con sentido social; 

 

IX. Suscribir convenios de colaboración con las personas particulares o con sectores de la sociedad 
cuando sus actividades o productos sean de interés público o de relevancia social; 

 

X. Suscribir convenios de colaboración con otras Autoridades garantes para el cumplimiento de sus 
atribuciones y promover mejores prácticas en la materia; 

 

XI. Promover la igualdad sustantiva; 


 

XII. Coordinarse con las autoridades competentes para que, en los procedimientos de acceso a la 
información y en los medios de impugnación, se contemple contar con la información en lenguas 
indígenas y en formatos accesibles para que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua y en su 
caso, se promuevan los ajustes razonables necesarios si se tratara de personas con discapacidad; 

 

XIII. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos de atención prioritaria puedan ejercer 
su derecho de acceso a la información pública en igualdad de circunstancias; 

 

XIV. Informar a la instancia competente sobre la probable responsabilidad de los sujetos obligados que 
incumplan las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables; 

 

XV. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y mejores 
prácticas en materia de acceso a la información pública; 

 

XVI. Fomentar los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, 
accesibilidad e innovación tecnológica; 

 

XVII. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados, con el propósito de diseñar, implementar y evaluar 
acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia; 

 

XVIII. Promover la digitalización de la información pública en posesión de los sujetos obligados y la 
utilización de las tecnologías de información y comunicación, conforme a las políticas que establezca el 
Sistema Nacional, y 

 

XIX. Las demás atribuciones que les confiera esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 30. Las Autoridades Garantes del Estado para el ejercicio y desempeño de las atribuciones que 
les otorga la presente Ley, tendrán la naturaleza jurídica, adscripción y estructura administrativa que se 
establezca en sus reglamentos interiores o análogos o acuerdos de carácter general, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

 

Artículo 31. La persona titular de la Autoridad Garante Local será nombrada por la persona titular del 
Poder Ejecutivo Estatal. 

 

Capítulo IV 

De los Comités de Transparencia 

 

Artículo 32. Cada sujeto obligado deberá integrar un Comité de Transparencia, colegiado e integrado 
siempre por un número impar. 

 

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos, en caso de empate, quien 
presida el Comité tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como personas invitadas, aquéllas 
que sus integrantes consideren necesarias, quienes tendrán voz, pero no voto. 

 

Las personas integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, 
tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el 
caso, la persona titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 
Quienes integren los Comités de Transparencia contarán con suplentes, designados de conformidad con 
la normatividad interna de los respectivos sujetos obligados, y deberán corresponder a personas que 
ocupen cargos de la jerarquía inmediata inferior a la de las personas integrantes propietarias. 


 

Artículo 33. Los sujetos obligados integrarán sus Comités de Transparencia de la siguiente forma: 

 

I. La persona titular de la Unidad de Transparencia, quien lo presidirá; 

 

II. La persona responsable del área coordinadora de archivos o equivalente, y 

 

III. La persona titular del Órgano Interno de Control o equivalente. 

 

Las personas integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar 
su clasificación, conforme a las disposiciones jurídicas emitidas por los sujetos obligados para el 
resguardo o salvaguarda de la información. 

 

La Autoridad Garante Local integrará un registro de los Comités de Transparencia de los sujetos 
obligados. Los Sujetos Obligados deberán informar a la Autoridad Garante Local los cambios de sus 
integrantes, en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de los cambios. 

 

Artículo 34. El Comité de Transparencia será la autoridad máxima al interior del sujeto obligado en 
materia del derecho de acceso a la información. 

 

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, la o el 
Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus 
integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto. 

 

El Comité se reunirá en sesión ordinaria o extraordinaria las veces que estime necesario. El tipo de sesión 
se precisará en la convocatoria emitida. 

 

En las sesiones y trabajos del Comité, podrán participar como invitados permanentes, los representantes 
de las áreas que decida el Comité, y contará con derecho de voz, pero no voto. 

 

Las personas titulares de las unidades administrativas que propongan la reserva, confidencialidad o 
declaren la inexistencia de información, acudirán a las sesiones de dicho Comité donde se discuta la 
propuesta correspondiente. 

 

Artículo 35. La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las 
instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la Ley General, la 
presente Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello. 

 

Artículo 36. Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I. Instituir, coordinar y supervisar las acciones y procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la 
gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información, en términos de las disposiciones 
aplicables; 

 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia de ampliación del plazo de respuesta, 
clasificación de la información y declaración de inexistencia o incompetencia, que sean adoptadas por 
las personas titulares de las Áreas correspondientes de los sujetos obligados; 

 

III. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus 
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el 


caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; 

 

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la 
información; 

 

V. Promover y establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información 
y accesibilidad para todas las personas servidoras públicas o integrantes del sujeto obligado; 

 

VI. Recabar y enviar a las Autoridades garantes los datos necesarios para la elaboración del informe 
anual, conforme a los lineamientos que dichas autoridades expidan; 

 

VII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información conforme a lo que dispone 
la Ley General y esta Ley; 

 

VIII. Fomentar la cultura de transparencia, y 

 

IX. Las demás que se desprendan de la presente Ley y las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Capítulo V 

De las Unidades de Transparencia 

 

Artículo 37. Los sujetos obligados contarán con un área responsable para la atención de las solicitudes 
de información, a la que se le denominará Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 38. Los sujetos obligados designarán a la persona responsable de la Unidad de Transparencia, 
quien tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Recabar, difundir y actualizar la información relativa a las obligaciones en materia de transparencia a 
la que se refiere la Ley General, esta Ley y la que determinen la Autoridad Garante Local, así como 
favorecer que las áreas la actualicen periódicamente; 

 

II. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información; 

 

III. Auxiliar a las personas particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en 
su caso, orientarles sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 

 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 

 

V. Efectuar las notificaciones a las personas solicitantes; 

 

VI. Proponer al Comité de Transparencia, los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia 
en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; 

 

VII. Proponer al personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 

 

VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus respuestas, resultados, costos 
de reproducción y envío; 

 

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva con sentido social procurando su 


accesibilidad; 

 

X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

 

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en la presente Ley, y 

 

XII. Las demás que resulten necesarias para facilitar el acceso a la información y aquellas que se 
desprenden de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Los sujetos obligados deberán implementar a través de las unidades de transparencia, progresivamente 
y conforme a sus previsiones, las medidas pertinentes para asegurar que el entorno físico de las 
instalaciones cuente con los ajustes razonables, con el objeto de proporcionar adecuada accesibilidad 
que otorgue las facilidades necesarias, así como establecer procedimientos para brindar asesoría y 
atención a las personas con discapacidad. 

 

Artículo 39. Cuando alguna área de los sujetos obligados se negará a colaborar con la Unidad de 
Transparencia, esta lo informará a su superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las 
acciones conducentes. 

 

Si persiste la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la 
autoridad competente para que esta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 

 

Artículo 40. Las oficinas que ocupen las Unidades de Transparencia se deben ubicar en lugares visibles 
al público en general y ser de fácil acceso. 

 

Las Unidades de Transparencia deben contar con las condiciones mínimas de operación que aseguren el 
cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 41. Los sujetos obligados deberán capacitar al personal que integra las Unidades de 
Transparencia, de conformidad con los lineamientos que para dicho efecto emita el Sistema Nacional. 

 

TÍTULO TERCERO 

CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA INSTITUCIONAL 

 

Capítulo I 

De la Promoción de la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información 

 

Artículo 42. Los sujetos obligados, en coordinación con las Autoridades Garantes del Estado, deberán 
capacitar y actualizar, de forma permanente, a todas sus personas servidoras públicas en materia del 
derecho de acceso a la información, a través de los medios que considere pertinentes. 

 

Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre las personas 
habitantes del Estado de México, las Autoridades Garantes del Estado podrán promover, en colaboración 
con instituciones educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, 
exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a la información. 

 

Artículo 43. Las Autoridades Garantes del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias o a 
través de los mecanismos de coordinación que al efecto establezcan, podrán: 

 

I. Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia 


social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación 
preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica en sus 
respectivas jurisdicciones; 

 

II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la 
inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y extracurriculares, 
de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información y rendición de 
cuentas; 

 

III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la 
instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere 
esta Ley; 

 

IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros 
de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y rendición 
de cuentas; 

 

V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y publicación 
de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas; 

 

VI. Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales o de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, la participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, 
seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de 
acceso a la información; 

 

VII. Desarrollar, programas de formación de personas usuarias de este derecho para incrementar su 
ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de grupos de atención prioritaria; 

 

VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios para 
el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural, y 

 

IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, universitarias, 
gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus personas usuarias 
en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información. 

 

Artículo 44. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos obligados 
podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de 
mejores prácticas que tengan por objeto: 

 

I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley; 

 

II. Armonizar el acceso a la información por sectores; 

 

III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y 

 

IV. Procurar la accesibilidad de la información. 

 

Artículo 45. La Autoridad Garante Local será la encargada de elaborar el Programa de la Cultura de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en coordinación con las instancias competentes. 

 


El programa definirá los objetivos, estrategias y acciones particulares para hacer de conocimiento general 
el derecho de transparencia y acceso a la información pública; así como la participación de los sujetos 
obligados y la ciudadanía, conforme a las disposiciones siguientes: 

 

I. Se instrumentarán cursos de capacitación, talleres, conferencias o cualquier otra forma de aprendizaje, 
a fin de que las personas tengan la oportunidad de ejercer los derechos que establece esta Ley; 

 

II. La Autoridad Garante Local podrá certificar a los sujetos obligados, organizaciones o asociaciones de 
la sociedad, así como personas en general, que ofrezcan, en forma interdisciplinaria y profesional, la 
posibilidad de llevar a cabo cursos o talleres en materia de transparencia y acceso a la información 
pública; 

 

III. La Autoridad Garante Local podrá prestar la asesoría, el apoyo o el auxilio necesario a las personas 
que pretendan ejercitar el derecho a la transparencia y el acceso a la información pública. Para tal efecto, 
diseñará e instrumentará mecanismos que faciliten el ejercicio pleno de estos derechos; 

 

IV. Se evaluará objetiva, sistemática y anualmente, el avance del programa y los resultados de su 
ejecución, así como su incidencia en la consecución de la finalidad prevista en esta Ley, y 

 

V. Con base en las evaluaciones correspondientes, el programa se modificará y/o adicionará en la medida 
en que la autoridad garante local lo estime necesario. 

 

Capítulo II 

De la Transparencia con Sentido Social 

 

Artículo 46. Las Autoridades Garantes del Estado emitirán políticas de transparencia con sentido social, 
en atención a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para 
incentivar a los sujetos obligados a publicar información de utilidad sobre temas prioritarios. Dichas 
políticas tendrán por objeto, promover la reutilización y aprovechamiento de la información que generan 
los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías 
previamente establecidas. 

 

Artículo 47. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de 
transparencia con sentido social, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al 
que va dirigida. 

 

Artículo 48. La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá 
permitir la generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar 
los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá 
tener un objeto claro enfocado a las necesidades de sectores de la sociedad determinados o 
determinables. 

 

Capítulo III 

Del Gobierno Abierto 

 

Artículo 49. Las Autoridades Garantes del Estado, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, 
coadyuvarán con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la construcción e 
implementación de mecanismos de colaboración para la promoción y establecimiento de políticas y 
mecanismos de apertura gubernamental. 

 

Artículo 50. Los sujetos obligados, en el ámbito de su competencia, en materia de apertura deben: 


 

I. Garantizar el ejercicio y cumplimiento de los principios de transparencia con sentido social, la 
participación ciudadana, la rendición de cuentas, la innovación y el aprovechamiento de la tecnología 
que privilegie su diseño centrado en el usuario; 

 

II. Implementar tecnología y datos abiertos incluyendo, en la digitalización de información relativa a 
servicios públicos, trámites y demás componentes del actuar gubernamental, la publicidad de datos de 
interés para la población, principalmente de manera automática y sin incremento de la carga 
administrativa, de conformidad con su disponibilidad presupuestaria, y 

 

III. Procurar mecanismos que fortalezcan la participación y la colaboración de las personas particulares 
en asuntos económicos, sociales, culturales y políticos del Estado de México. 

 

Artículo 51. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en coordinación con la 
Autoridad Garante Local, deberán realizar acciones en materia de datos abiertos y gobierno abierto 
conforme a los lineamientos que al efecto emita la Agencia Digital del Estado de México. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 

Capítulo I 

De las Obligaciones Generales 

 

Artículo 52. Es deber de los sujetos obligados cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a 
disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con 
sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas e información señalados en este Título. 

 

Aquella información particular de la referida en este Título que se ubique en alguno de los supuestos de 
clasificación de información reservada o confidencial no será objeto de la publicación a que se refiere 
este mismo artículo, salvo que pueda ser elaborada una versión pública. En todo caso se aplicará la 
prueba de daño a que se refiere la presente Ley. 

 

En sus resoluciones las Autoridades Garantes del Estado podrán señalar a los sujetos obligados que la 
información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad 
con este Título, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la 
misma y el sentido reiterativo de las resoluciones. 

 

Artículo 53. La publicación de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se 
refiere esta Ley, deberá realizarse conforme a los lineamientos y formatos establecidos por el Sistema 
Nacional para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, 
actualizada, accesible, comprensible y verificable. 

 

Los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior procurarán la homologación en la presentación de 
la información a la que hace referencia este Título por parte de los sujetos obligados. 

 

Artículo 54. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse por 
lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el plazo mínimo que deberá 
permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma. 

 


La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como la 
fecha de su última actualización. 

 

Artículo 55. Las Autoridades Garantes del Estado, de oficio o a petición de las personas particulares, 
verificarán el cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en esta Ley y 
demás disposiciones aplicables. 

 

Las denuncias presentadas por las personas particulares podrán realizarse en cualquier momento, de 
conformidad con el procedimiento señalado en la Ley General y en presente Ley. 

 

Artículo 56. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo de 
acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el cual 
deberá contar con un buscador, que permita acceder de manera sencilla a la información que en ellas se 
contenga. 

 

Artículo 57. La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de 
género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza. 

 

Artículo 58. Las Autoridades Garantes del Estado y los sujetos obligados establecerán las medidas que 
faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la 
información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena. 

 

Por lo que, por sí mismos o a través del Subsistema Estatal, deberán promover y desarrollar de forma 
progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la máxima 
medida posible. 

 

Artículo 59. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de 
cómputo con acceso a Internet, que permitan a las personas particulares consultar la información o 
utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de 
Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de 
difusión de la información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y 
comprensión. 

 

En las bibliotecas y archivos públicos a cargo del Estado y de los municipios, se preverá la instalación 
cuando menos de un equipo de cómputo con acceso a internet que facilite el acceso a la información 
básica garantizada en este Título. 

 

Artículo 60. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no 
constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos electorales, 
a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener 
accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en 
contrario en la normatividad electoral. 

 

Artículo 61. Los sujetos obligados y las personas particulares serán responsables de los datos 
personales en su posesión, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia, y no 
podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de 
información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento 
expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la 
información de acuerdo con la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por esta 
Ley en los casos de interés público. 

 


Artículo 62. Las personas servidoras públicas de los sujetos obligados deberán auxiliar en todo momento 
a las personas particulares que soliciten su apoyo y asistencia para la obtención de la información de las 
obligaciones de transparencia comunes. 

 

Capítulo II 

De las Obligaciones de Transparencia Comunes 

 

Artículo 63. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y 
actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo 
con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

 

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, 
decretos de creación, acuerdos, convenios, manuales de organización y procedimientos, reglas de 
operación, criterios, políticas, entre otros; 

 

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las 
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada persona servidora pública y/o persona 
prestadora de servicios profesionales o integrante de los sujetos obligados, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 

III. Las facultades de cada área; 

 

IV. Las metas, objetivos e indicadores de las áreas de los sujetos obligados de conformidad con los 
programas operativos; 

 

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a sus 
funciones, deban establecer; así como los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y 
resultados y las matrices elaboradas para tal efecto; 

 

VI. El directorio de todas las personas servidoras públicas, a partir del nivel de jefe de departamento o 
su equivalente o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos 
públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u 
honorarios y personal de base. 

 

El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento oficial asignado, nivel del puesto 
en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 

 

VII. La remuneración bruta y neta de todas las personas servidoras públicas de base o de confianza, de 
todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración; 

 

VIII. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; 

 

IX. El número total de las plazas y del personal de base y de confianza, especificando el total de las 
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; 

 

X. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de las personas 
prestadoras de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 


contratación; 

 

XI. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras 
públicas, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo con la normatividad aplicable; 

 

XII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán 
recibirse las solicitudes para obtener la información y su ubicación, así como el nombre, teléfono oficial 
y horarios de atención al público; 

 

XIII. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos, en los 
sistemas habilitados para ello, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

XIV. La información de los programas, subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar 
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los 
que se deberá contener lo siguiente: 

 

a) Área; 

 

b) Denominación del programa; 

 

c) Periodo de vigencia; 

 

d) Diseño, objetivos y alcances; 

 

e) Metas físicas; 

 

f) Población beneficiada estimada; 

 

g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; 

 

h) Requisitos y procedimientos de acceso; 

 

i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

 

j) Mecanismos de exigibilidad; 

 

k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 

 

l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de 
medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; 

 

m) Formas de participación social; 

 

n) Articulación con otros programas sociales; 

 

ñ) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente; 

 

o) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; 

 

p) Padrón de personas beneficiarias mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la 
persona física o denominación social de las personas jurídicas colectivas beneficiadas, el monto, recurso, 


beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo. 

 

XV. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del 
personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que 
sean entregados a los Sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 

 

XVI. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta la persona 
titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; 

 

XVII. El listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas firmes, especificando la 
causa de sanción y la disposición; 

 

XVIII. Los servicios y trámites que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos en los sistemas 
habilitados para tal efecto, así como los tiempos de respuesta, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

 

XIX. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio 
trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

 

XX. La información relativa a la deuda pública, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

XXI. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial que permita 
identificar tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; 

 

XXII. Los informes de resultados de las auditorías del ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que 
se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 

 

XXIII. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 

 

XXIV. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones 
aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre 
el uso y destino de dichos recursos; 

 

XXV. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando las personas titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social 
de la persona titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 

 

XXVI. La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo 
y de los contratos celebrados, que deberán contener, por los menos, lo siguiente: 

 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 

 

1) La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

 

2) Los nombres de las personas participantes o invitadas; 

 

3) El nombre la persona ganadora y las razones que lo justifican; 


 

4) El área solicitante y la responsable de su ejecución; 

 

5) Las convocatorias e invitaciones emitidas; 

 

6) Los dictámenes y fallo de adjudicación; 

 

7) El contrato y, en su caso, sus anexos; 

 

8) Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo en su caso, los estudios de impacto urbano y 
ambiental, según corresponda; 

 

9) La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser 
aplicable; 

 

10) Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de 
fondo de participación o aportación respectiva; 

 

11) Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebración; 

 

12) Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 

 

13) El convenio de terminación, y 

 

14) El finiquito. 

 

b) De las adjudicaciones directas: 

 

1) La propuesta enviada por el participante; 

 

2) Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 

 

3) La autorización del ejercicio de la opción; 

 

4) En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y sus montos; 

 

5) El nombre de la persona física o jurídica colectiva adjudicada; 

 

6) La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 

 

7) El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra; 

 

8) Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano 
y ambiental, según corresponda; 

 

9) Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 

 

10) El convenio de terminación, y 

 

11) El finiquito. 


 

XXVII. Los informes que generen de conformidad con las disposiciones jurídicas; 

 

XXVIII. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones; 

 

XXIX. Los informes de avances programáticos o presupuestales, balances generales y estado financiero; 

 

XXX. El padrón de proveedores y contratistas en los sistemas habilitados para ello, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

XXXI. Los convenios de coordinación, de concertación, entre otros, que suscriban con otros entes de los 
sectores social y privado; 

 

XXXII. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 

 

XXXIII. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos 
internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para 
su atención; 

 

XXXIV. Las resoluciones que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio; 

 

XXXV. Los mecanismos de participación ciudadana; 

 

XXXVI. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así 
como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 

 

XXXVII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados; 

 

XXXVIII. Las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con 
recursos públicos; 

 

XXXIX. Los estudios financiados con recursos públicos; 

 

XL. El listado de personas jubiladas y pensionadas y el monto que reciben; 

 

XLI. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de las personas responsables 
de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino; 

 

XLII. Las donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 

 

XLIII. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 

 

XLIV. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que 
emitan los consejos consultivos; 

 

XLV. El listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de 
servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro 
de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga 
exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en 
su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente, y 

 


XLVI. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la prevista en 
otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 64. Los sujetos obligados deberán informar a las Autoridades garantes de forma fundada y 
motivada, la relación de fracciones del artículo anterior que les resultan aplicables para efecto de que las 
Autoridades las validen. 

 

Una vez que cuenten con la validación de referencia los sujetos obligados procederán a publicarlas en la 
Plataforma Nacional. 

 

Capítulo III 

De las Obligaciones Específicas 

 

Artículo 65. Además de las obligaciones de transparencia común a que se refiere el Capítulo II de este 
Título, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado y de los municipios deberán poner a 
disposición del público y actualizar la siguiente información, en el ámbito de su competencia: 

 

I. El Plan Estatal de Desarrollo y Plan de Desarrollo Municipal; 

 

II. El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados; 

 

III. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de 
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales; 

 

IV. El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que 
se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal local o municipal, así como los montos 
respectivos; 

 

V. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como notarios públicos, así como 
sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las 
sanciones que se les hubieran aplicado; 

 

VI. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 
ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos 
municipales; 

 

VII. Los proyectos de disposiciones administrativas, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos 
que se pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, en términos de lo 
previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria; 

 

VIII. El calendario del ciclo escolar; directorio de escuelas públicas incorporadas al Sistema Educativo 
Estatal; la lista de útiles escolares básicos por nivel educativo; el Directorio de bibliotecas públicas 
incluyendo horarios, el domicilio, teléfonos, correo electrónico, requisitos de consulta, reglamento y sitio 
electrónico, en su caso; 

 

IX. El Atlas de Riesgos del Estado de México y los Atlas municipales de riesgos; 

 

X. La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las 
funciones y políticas públicas implementadas por el Poder Ejecutivo; 

 

XI. El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos 


aprobados por los ayuntamientos; 

 

XII. Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de las personas integrantes del 
Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las 
iniciativas o acuerdos; 

 

XIII. La cartera de programas y proyectos de inversión y asociación público privada; 

 

XIV. Para efectos estadísticos, la lista de estímulos fiscales establecidos en las leyes fiscales, identificados 
por acreditamientos, devoluciones, disminuciones, y deducciones, tanto de personas físicas, como 
jurídicas colectivas, así como su porcentaje; 

 

XV. El nombre, denominación o razón social y clave del registro estatal de contribuyentes a quienes se 
les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, ya determinado y exigible, así como los montos 
respectivos; debiendo vincular tales actos con los datos de identificación de contribuyentes señalados en 
este párrafo. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones 
fiscales; 

 

XVI. El número de centros penitenciarios o centros de tratamiento para adolescentes, indicando su 
capacidad instalada, así como su ubicación y la función de los espacios físicos de infraestructura con los 
que cuentan; 

 

XVII. La estadística de los procesos de control de confianza desagregada por municipio e institución; 

 

XVIII. La incidencia delictiva del fuero local, desagregada por tipo de delito, así como el número de 
víctimas desagregado por sexo y rango de edad; 

 

XIX. La estadística desagregada de procesos, denuncias e investigaciones relacionadas a las conductas 
consideradas como delitos en materia de justicia para adolescentes, y 

 

XX. La estadística relativa a la solución de controversias realizadas a través de los mecanismos 
alternativos de solución de controversias en materia penal, desagregada por medios de mediación, 
conciliación y junta restaurativa; 

 

XXI. El listado de áreas naturales protegidas locales, que contenga categoría, superficie, región y 
municipios que las comprenden; 

 

XXII. El listado de especies mexicanas en riesgo, por grupo taxonómico; 

 

XXIII. El listado de vegetación natural, por municipio, por ecosistema y por superficie; 

 

XXIV. El listado estimado de residuos, por tipo, por volumen, por municipio y por año; 

 

XXV. La disponibilidad media anual de aguas superficiales y subterráneas por región hidrológica; 

 

XXVI. El inventario de plantas municipales de potabilización y tratamiento de aguas residuales; 

 

XXVII. El listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización; 

 

XXVIII. Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones y clases, con tendencias 
y proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de la deforestación y degradación, así 


como las zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las 
cuencas hidrológicas-forestales, las regiones ecológicas, las áreas forestales permanentes y las áreas 
naturales protegidas; 

 

XXIX. La dinámica de cambio de la vegetación forestal de la entidad, que permita conocer y evaluar las 
tasas de deforestación y las tasas de degradación y disturbio, registrando sus causas principales; 

 

XXX. Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degradación de los ecosistemas 
forestales; 

 

XXXI. El listado de plantaciones comerciales forestales, que contenga su ubicación, superficie, tipo de 
especie forestal, nivel de producción y su estatus; 

 

XXXII. Las manifestaciones y resoluciones en materia de impacto ambiental; 

 

XXXIII. Información estadística sobre los árboles históricos y notables del Estado; 

 

XXXIV. Información estadística sobre infracciones en materia de medio ambiente y recursos naturales, 
identificando la causa que haya motivado la infracción, el precepto legal infringido y la descripción de la 
infracción; 

 

XXXV. El índice de participación ciudadana en materia ambiental, que contenga la categoría, 
ponderación, unidad de medida y año; 

 

XXXVI. El listado de apoyos otorgados en materia de agricultura, ganadería, pesca o alimentación, que 
contenga municipio, población o localidad, descripción o monto del apoyo, y el número de beneficiarios 
distinguidos por género; 

 

XXXVII. El listado de activos y unidades económicas de pesca y acuacultura, que contenga municipios, 
embarcaciones, granjas, laboratorios y tipo de actividad; 

 

XXXVIII. El listado de agronegocios, empresas rurales y productores que reciben incentivos de riesgo 
compartido, que contenga objetivo y tipo de incentivo; 

 

XXXIX. Información relacionada con la infraestructura vial y los sistemas de transporte masivo y 
teleférico; 

 

XL. El Catálogo de los Centros de Trabajo de carácter educativo en la educación básica, media superior, 
superior, especial, inicial y formación para el trabajo incluyendo la información relativa a su situación 
geográfica, tipo de servicio que proporciona y estatus de operación; 

 

XLI. El listado del personal que presta sus servicios en los sistemas de educación pública básica, 
tecnológica y de adultos, cuyas remuneraciones se cubren con cargo a recursos públicos federales; 

 

XLII. El padrón de beneficiarios de las becas, así como los procedimientos y requisitos para obtenerlas, 
desagregado por nombre, tipo, fecha de inicio y término de la beca, área del conocimiento, así como el 
monto otorgado; 

 

XLIII. El Catálogo de museos, que contenga el nombre, municipio, ubicación, horarios, temática tratada, 
servicios disponibles y cuota de acceso; 

 


XLIV. El listado de los institutos o centros de salud, desagregados por nombre, especialidad, dirección y 
teléfono; 

 

XLV. El listado de las instituciones de beneficencia privada, que tengan por objeto la asistencia pública, 
desagregada por nombre, ubicación, datos de contacto y tipo; 

 

XLVI. El número de personas beneficiadas por las actividades de capacitación, promoción al empleo, 
colocación de trabajadores y vinculación laboral, por año, municipio, oficio o profesión, género, rango de 
edad, ramo o industria y mecanismo de vinculación; 

 

XLVII. Información estadística sobre las actividades económicas vinculadas al turismo, como número de 
visitantes internacionales, flujos aéreos, flujos de cruceros y flujos carreteros; 

 

XLVIII. Información correspondiente a destinos turísticos por municipio, con estadísticas sobre 
actividades turísticas; 

 

XLIX. Información estadística sobre ocupación hotelera, y 

 

L. El listado de prestadores de servicios turísticos. 

 

Artículo 66. Además de las obligaciones de transparencia común a que se refiere el Capítulo II de este 
Título, el Poder Legislativo del Estado de México, deberá poner a disposición del público y actualizar la 
siguiente información: 

 

I. Agenda legislativa; 

 

II. Gaceta Parlamentaria; 

 

III. Actas u Orden del Día de las sesiones públicas de la Legislatura y de la Diputación Permanente; 

 

IV. El Diario de Debates; 

 

V. Las versiones estenográficas; 

 

VI. El registro de la asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno, de la Diputación Permanente, y de 
las Comisiones y Comités; 

 

VII. Las iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, puntos de acuerdo y minutas, la fecha en que se recibió, 
las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas; 

 

VIII. Las leyes, decretos, acuerdos, iniciativas al Congreso de la Unión, aprobados por la Legislatura del 
Estado, así como los dictámenes que, en su caso, recaigan a las mismas; 

 

IX. Registro de turno a Comisiones y Comités; 

 

X. Los manuales de organización y procedimientos y demás disposiciones en los que se establezca su 
marco jurídico de actuación; 

 

XI. El registro del sentido del voto por cada legislador en las sesiones públicas de la Legislatura, de la 
Diputación Permanente y reuniones formales de comisiones o comités, salvo que tengan el carácter de 
reservadas; el resultado de la votación económica y secreta; y por cada legislador, en la votación nominal 


y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y 
acuerdos sometidos a consideración; 

 

XII. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia; 

 

XIII. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y 
en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro; 

 

XIV. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, 
monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y 
centros de estudio u órganos de investigación; 

 

XV. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los 
órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio e investigación; 

 

XVI. Los resultados de los estudios e investigaciones de naturaleza económica, política y social que 
realicen los centros de estudio o investigación; 

 

XVII. El padrón de cabilderos, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

XVIII. La dirección de las oficinas de enlace, oficinas de atención o equivalentes de cada uno de los 
legisladores, y 

 

XIX. La información relativa a las cuentas públicas estatales y municipales, en términos de la 
normatividad aplicable; donde deberá incluirse, por lo menos, lo siguiente: 

 

a) El Programa Anual de Auditorías; 

 

b) La identificación de la entidad fiscalizable, y 

 

c) El cumplimiento de programas auditados mediante la auditoría del desempeño. 

 

Artículo 67. Además de las obligaciones de transparencia común a que se refiere el Capítulo II de este 
Título, el Poder Judicial del Estado de México y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
México, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 

 

I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México y en la Gaceta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, incluyendo tesis 
jurisprudenciales y aisladas; 

 

II. Las versiones públicas de todas las sentencias y laudos emitidas; 

 

III. Las versiones estenográficas, taquigráficas, magnetofónicas, video gráficas, electrónicas o de 
cualquier otra naturaleza, de las sesiones públicas de cualquiera de sus órganos; 

 

IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y magistrados, 
según corresponda; 

 

V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen; 

 

VI. Sobre los procedimientos de designación de personas juzgadoras: la convocatoria, el registro de 


aspirantes, la lista de aspirantes aceptados, la lista de los aspirantes que avanzan cada una de las etapas, 
el resultado de las evaluaciones de cada etapa protegiendo, en su caso, los datos personales de los 
aspirantes y la lista de vencedores; 

 

VII. Sobre los procedimientos de ratificación: la resolución definitiva donde se plasmen las razones de 
esa determinación; 

 

VIII. Las resoluciones que impongan sanciones disciplinarias a los integrantes del Poder Judicial del 
Estado de México y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de conformidad a lo 
establecido en las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

IX. Los indicadores relacionados con el desempeño jurisdiccional que, conforme a sus funciones, deban 
establecer, publicitando por lo menos los números de ingresos de asuntos nuevos por mes y por año, 
números de resoluciones emitidas por mes y por año, sentido general del fallo de acuerdo con la materia, 
tiempo promedio de resolución de asuntos, número de impugnaciones recibidas por mes y por año, 
número de impugnaciones declaradas procedentes por mes y por año; 

 

X. Las disposiciones de observancia general emitidas por los Plenos o sus presidentes, para el adecuado 
ejercicio de sus atribuciones; 

 

XI. Los votos concurrentes, minoritarios, aclaratorios, particulares o de cualquier otro tipo, que emitan 
los integrantes de los Plenos; 

 

XII. Las resoluciones recaídas a los asuntos de contradicciones de criterios, y 

 

XIII. Los perfiles y formas de evaluación del personal judicial y administrativo. 

 

Artículo 68. Además de las obligaciones de transparencia común a que se refiere el Capítulo II de este 
Título, los órganos autónomos y auxiliares deberán poner a disposición del público y actualizar la 
siguiente información: 

 

I. Instituto Electoral del Estado de México: 

 

a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos registrados 
ante la autoridad electoral; 

 

b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de 
ciudadanos; 

 

c) La geografía y cartografía electoral; 

 

d) El registro de candidatos a cargos de elección popular; 

 

e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de spots 
de los institutos electorales y de los partidos políticos; 

 

f) Los montos de financiamiento público estatal por actividades ordinarias, de campaña y específicas 
otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás 
asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los 
gastos de campañas; 

 


g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y 
conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes; 

 

h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales; 

 

i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana; 

 

j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones; 

 

k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus 
funciones; 

 

l) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de los 
partidos políticos locales; 

 

m) El monitoreo de medios; 

 

n) La información sobre la votación de mexiquenses residentes en el extranjero; 

 

ñ) La información pública que proporcionen los partidos políticos a la autoridad electoral, y 

 

o) Descripción de las fórmulas, modalidades y reglas para la asignación de los tiempos oficiales. 

 

II. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México: 

 

a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a la 
que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de 
comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones; 

 

b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, 
señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que resolvieron; 

 

c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso; 

 

d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el expediente; 

 

e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad competente, 
incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición; 

 

f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los 
derechos humanos; 

 

g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del Consejo Consultivo, así como las opiniones 
que emite; 

 

h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen; 

 

i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos; 

 

j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de reinserción social del 


Estado; 

 

k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

 

l) Los programas y acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el 
cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de derechos humanos, y 

 

m) Las disposiciones que regulen la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México y recomendaciones emitidas por su Consejo Consultivo. 

 

III. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México publicará la información estadística en las 
siguientes materias: 

 

a) Incidencia delictiva; 

 

b) Indicadores de la procuración de justicia. En materia de carpetas de investigación y averiguaciones 
previas, deberá publicarse el número de aquéllas en las que se ejerció acción penal; en cuántas se decretó 
el no ejercicio de la acción penal; cuántas se archivaron; en cuántas se ejerció la facultad de atracción 
en materia de delitos cometidos contra la libertad de expresión; en cuántas se ejerció el criterio de 
oportunidad, y en cuántas ejerció la facultad de no investigar los hechos de su conocimiento. Dicha 
información deberá incluir el número de denuncias o querellas que le fueron interpuestas, y 

 

c) Número de órdenes de presentación, aprehensión y de cateo emitidas. 

 

IV. Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México: 

 

a) El Programa Estatal de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral; 

 

b) La base de datos con la información recabada a través de investigaciones de valores unitarios 
comerciales de suelo, realizadas en el territorio del Estado; 

 

c) Los lineamientos e informe de la utilización de vuelos no tripulados, para el estudio y actualización de 
la cartografía; 

 

d) El Catálogo de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades; 

 

e) Los documentos que den cuenta de la realidad demográfica y social, económica y del medio ambiente 
del estado conforme a sus atribuciones; 

 

f) Las clasificaciones, catálogos, cuestionarios; 

 

g) Las metodologías, documentos técnicos y proyectos estadísticos; 

 

h) Los censos, encuestas, conteos de población, micro datos y macro datos, estadísticas experimentales 
y muestras representativas de los operativos censales realizados; 

 

i) La información estatal y por cada uno de los municipios, respecto de su cartografía, recursos naturales, 
topografía, sistemas de consulta, bancos de datos, fuente, normas técnicas; 

 

j) Un informe de las actividades de sus Comités, Subcomités, Comisiones o Subcomisiones, y 

 


k) El informe anual de actividades y sobre el ejercicio del gasto correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior. 

 

V. El Tribunal Electoral del Estado de México: 

 

a) Las tesis y ejecutorias publicadas; 

 

b) Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; 

 

c) Las versiones estenográficas, taquigráficas, magnetofónicas, video gráficas, electrónicas o de cualquier 
otra naturaleza, de las sesiones públicas de cualquiera de sus órganos, y 

 

d) La lista de acuerdos que diariamente se publiquen. 

 

Artículo 69. Además de las obligaciones de transparencia comunes, las Autoridades Garantes del Estado 
deberán poner a disposición del público y actualizar: 

 

I. La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, incluyendo 
las respuestas entregadas por los sujetos obligados a las personas solicitantes en cumplimiento de las 
resoluciones; 

 

II. Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones; 

 

III. Los resultados de la evaluación que, en su caso, se realice al cumplimiento de la presente Ley por 
parte de los sujetos obligados; 

 

IV. En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus 
resoluciones, y 

 

V. El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos obligados. 

 

Artículo 70. Además de las obligaciones de transparencia comunes a que se refiere el Capítulo II, las 
instituciones de educación superior públicas estatales dotadas de autonomía, así como las dependientes 
del Ejecutivo Estatal deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada, la 
información siguiente: 

 

I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, con las 
áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración del programa 
con las asignaturas, su valor en créditos, formas y costos de titulación; 

 

II. La información relacionada con sus procesos y procedimientos administrativos; 

 

III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración, nivel y monto; 

 

IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático; 

 

V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para obtenerlos; 

 

VI. Las convocatorias de los concursos de oposición; 


 

VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos; 

 

VIII. El resultado de las evaluaciones del cuerpo docente; 

 

IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación; 

 

X. El número de personas estudiantes inscritas, desglosado por área de conocimiento, tipo de sistema 
de estudios, modalidad de estudio, grado académico y denominación o título del grado, y 

 

XI. El número de personas egresadas y tituladas, desglosado por área de conocimiento, tipo de sistema 
de estudios, modalidad de estudio, grado académico y denominación o título del grado. 

 

Artículo 71. Además de las obligaciones de transparencia común a que se refiere el Capítulo II de este 
Título, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a 
disposición del público y mantener actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, 
la siguiente información: 

 

I. El nombre de la persona servidora pública y de la persona física o jurídico colectiva que represente al 
fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario; 

 

II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso; 

 

III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas 
y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas y 
aportaciones o subvenciones que reciban; 

 

IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban presentarse 
en los términos de las disposiciones aplicables; 

 

V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso o 
del fondo público; 

 

VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 

 

VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o 
fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal efecto, y 

 

VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, 
así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución de crédito o la 
fiduciaria. 

 

Artículo 72. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a 
disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los sindicatos 
que reciban recursos públicos o ejerzan actos de autoridad: 

 

I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros: 

 

a) El domicilio; 

 

b) Número de registro; 


 

c) Nombre del sindicato; 

 

d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia; 

 

e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 

 

f) Número de socios, afiliados o análogos; 

 

g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 

 

h) Central a las que pertenezcan, en su caso. 

 

II. Las tomas de nota; 

 

III. El estatuto; 

 

IV. El padrón de socios, afiliados o análogos; 

 

V. Las actas de asamblea; 

 

VI. Los reglamentos interiores de trabajo; 

 

VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo, 
y 

 

VIII. Todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical y de contratos colectivos de 
trabajo. 

 

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de los 
documentos que obren en los expedientes de los registros a los solicitantes que los requieran, de 
conformidad con el procedimiento de acceso a la información. 

 

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, 
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores 
señalados en los padrones de socios, afiliados o análogos. 

 

Artículo 73. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de 
manera obligatoria, las Autoridades Garantes del Estado deberán: 

 

I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, 
así como las demás disposiciones de la materia, remitan el listado de información que consideren de 
interés público; 

 

II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y competencias 
que la normatividad aplicable le otorguen, y 

 

III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación de 
transparencia. 

 

 


Capítulo IV 

De las Obligaciones Específicas de las Personas Físicas o Jurídicas Colectivas 

que reciben y ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad 

 

Artículo 74. Las Autoridades Garantes del Estado, determinarán los casos en que las personas físicas o 
jurídicas colectivas que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con 
las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos 
obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen 
actos de autoridad. 

 

Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar a las Autoridades Garantes del Estado un listado 
de las personas físicas o jurídicas colectivas a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos 
o, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, ejercen actos de autoridad. 

 

Para resolver sobre el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, las Autoridades Garantes del 
Estado tomarán en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el 
nivel de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno estatal participó en su creación. 

 

Artículo 75. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o jurídicas 
colectivas que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, las Autoridades 
Garantes del Estado deberán: 

 

I. Solicitar a las personas físicas o jurídicas colectivas que, atendiendo a los lineamientos emitidos por 
el Sistema Nacional, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables, remitan el listado de 
información que consideren de interés público; 

 

II. Revisar el listado que remitió la persona física o jurídicas colectivas en la medida en que reciban y 
ejerzan recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable les otorgue, y 

 

III. Determinar las obligaciones de transparencia que deberán cumplir y los plazos para ello. 

 

Capítulo V 

De la Verificación de las Obligaciones de Transparencia 

 

Artículo 76. Las Autoridades Garantes del Estado, en su ámbito de competencia, vigilarán que las 
obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en la Ley 
General y en esta Ley. 

 

Artículo 77. Las determinaciones que emitan las Autoridades Garantes del Estado deberán establecer 
los requerimientos, recomendaciones u observaciones que formulen y los términos y plazos en los que 
los sujetos obligados deberán atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados será motivo 
para aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 

 

Artículo 78. Las Autoridades Garantes del Estado vigilarán que las obligaciones de transparencia que 
publiquen los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en la Ley General, esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Como parte de la información difundida sobre los trámites que ofrecen, deberá incluirse la denuncia 
ciudadana por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. Asimismo, los sujetos obligados 
publicarán una leyenda visible en la sección de transparencia de su portal de Internet, mediante la cual 
se informe a los usuarios sobre el procedimiento para presentar una denuncia. 


 

Artículo 79. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo se realizarán de manera oficiosa 
por las Autoridades Garantes del Estado de forma aleatoria o de muestreo y periódica al portal de Internet 
de los sujetos obligados o de Plataforma Nacional. 

 

Artículo 80. La verificación que realicen las Autoridades Garantes del Estado en el ámbito de sus 
respectivas competencias se sujetará a lo siguiente: 

 

I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma; 

 

II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado cumple o no lo establecido por 
esta Ley y demás disposiciones. En el supuesto de que determine que no da cumplimiento, formulará los 
requerimientos que procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias detectadas 
e informe la atención a los requerimientos dentro de un plazo no mayor a veinte días hábiles, y 

 

III. Verificar el cumplimiento de la resolución una vez transcurrido el plazo y si consideran que se dio 
cumplimiento a los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo del cumplimiento. 

 

Las Autoridades Garantes del Estado podrán solicitar los informes complementarios al sujeto obligado 
que requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la 
verificación. 

 

Cuando las Autoridades Garantes del Estado consideren que existe un incumplimiento total o parcial de 
la determinación, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico de 
la persona servidora pública responsable de dar cumplimiento, para efecto que en un plazo no mayor a 
diez días hábiles se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen. 

 

En caso de que las Autoridades Garantes del Estado consideren que subsiste el incumplimiento total o 
parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se impondrán las medidas de apremio o 
sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley. 

 

Adicionalmente, las Autoridades Garantes del Estado podrán emitir recomendaciones a los sujetos 
obligados, a fin de procurar que los formatos en que se publique la información, sea de mayor utilidad. 

 

El personal de las Autoridades Garantes del Estado tendrá acceso a la información y documentación de 
los sujetos obligados para llevar a cabo las verificaciones previstas en el presente Capítulo. 

 

Capítulo VI 

De la Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 

 

Artículo 81. Cualquier persona podrá denunciar ante las Autoridades Garantes del Estado la falta de 
publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de conformidad 
con el procedimiento señalado en la presente Ley. 

 

Artículo 82. El procedimiento de la denuncia se integra por las etapas siguientes: 

 

I. Presentación de la denuncia ante las Autoridades Garantes del Estado; 

 


II. Solicitud por parte de las Autoridades Garantes del Estado de un informe al sujeto obligado; 

 

III. Resolución de la denuncia, y 

 

IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 

 

Artículo 83. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los requisitos siguientes: 

 

I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 

 

II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

 

III. La persona denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar 
el incumplimiento denunciado; 

 

IV. En caso de que la denuncia se presente: 

 

a) Por escrito, la persona denunciante deberá señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o 
la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, y 

 

b) Por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo 
medio en el que se presente. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se 
señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, 
se practicarán a través de los estrados físicos de la Autoridad garante competente. 

 

V. Opcionalmente el nombre de la persona denunciante. 

 

Artículo 84. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 

 

I. Por medio electrónico: 

 

a) A través de la Plataforma Nacional, o 

 

b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca. 

 

II. Por escrito libre, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia de las Autoridades 
Garantes del Estado, según corresponda. 

 

Artículo 85. Las Autoridades Garantes del Estado pondrán a disposición de las personas particulares el 
formato de denuncia correspondiente, a efecto de que estos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. 
Asimismo, las personas particulares podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta 
Ley. 

 

Artículo 86. Las Autoridades Garantes del Estado, en el ámbito de su competencia, deberán resolver 
sobre la admisión de la denuncia, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción. 

 

Artículo 87. Las Autoridades Garantes del Estado podrán prevenir a la persona denunciante dentro del 
plazo de tres días contados a partir del día hábil siguiente al de su recepción, para que en el plazo de 
tres días subsane lo siguiente: 

 


I. En su caso, exhiba ante la Autoridad garante los documentos con los que acredite la personalidad del 
representante de una persona física o jurídica colectiva, en caso de aplicar, o 

 

II. Aclare o precise alguno de los requisitos o motivos de la denuncia. 

 

En el caso de que no se desahogue la prevención en el periodo establecido para tal efecto en este artículo, 
deberá desecharse la denuncia, dejando a salvo los derechos de la persona denunciante para volver a 
presentar la misma. 

 

Artículo 88. Las Autoridades Garantes del Estado podrán determinar la improcedencia de la denuncia 
cuando el incumplimiento hubiera sido objeto de una denuncia anterior en la que se resolvió instruir la 
publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley. 

 

Artículo 89. Si la denuncia no versa sobre presuntos incumplimientos a las obligaciones de 
transparencia establecidas en la presente Ley, o se refiere al ejercicio del derecho de acceso a la 
información o al trámite del recurso de revisión, la Autoridad garante dictará un acuerdo de 
desechamiento y, en su caso, dejará a salvo los derechos de la persona promovente para que los haga 
valer por la vía y forma correspondientes. 

 

Las Autoridades Garantes del Estado, en el ámbito de sus competencias, deben notificar al sujeto 
obligado la denuncia dentro de los siete días siguientes a su admisión. 

 

Artículo 90. El sujeto obligado debe enviar a las Autoridades Garantes del Estado correspondientes, un 
informe con justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación anterior. 

 

Las Autoridades Garantes del Estado pueden realizar las verificaciones virtuales que procedan, así como 
solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera, para allegarse de los elementos 
de juicio que considere necesarios para resolver la denuncia. 

 

En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el término 
de tres días siguientes a la notificación correspondiente. 

 

Artículo 91. Las Autoridades Garantes del Estado, en el ámbito de sus competencias deben resolver la 
denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe 
presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios. 

 

La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento 
de la publicación de la información por parte del sujeto obligado. 

 

De existir incumplimiento, se deberá señalar el artículo y fracción de la presente Ley, así como los 
preceptos contenidos en las disposiciones jurídicas aplicables que se incumplen, especificar los criterios 
y metodología del estudio y las razones por las cuales se considera que hay un incumplimiento, y 
establecer las medidas necesarias para garantizar la publicidad de la información respecto de la cual 
exista un incumplimiento, determinando así un plazo para que el sujeto obligado cumpla e informe sobre 
ello. 

 

Artículo 92. Las Autoridades Garantes del Estado, en el ámbito de sus competencias, deben notificar la 
resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días hábiles siguientes a su emisión. 

 

Las resoluciones que emitan las Autoridades Garantes del Estado, a que se refiere este Capítulo, son 


definitivas e inatacables para los sujetos obligados. 

 

El particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo que corresponda, en los 
términos de la legislación aplicable. 

 

El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en el plazo de quince días, a partir del día siguiente 
al en que se le notifique la misma. 

 

Artículo 93. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar a 
la Autoridad Garante del Estado correspondiente sobre el cumplimiento de la resolución. 

 

Las Autoridades Garantes del Estado verificarán el cumplimiento a la resolución si considera que se dio 
cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del 
expediente. 

 

Cuando las Autoridades Garantes del Estado consideren que exista un incumplimiento total o parcial de 
la resolución, le notificarán por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior 
jerárquico de la persona servidora pública responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en 
un plazo no mayor a siete días, se dé cumplimiento a la resolución. 

 

Artículo 94. En caso de que las Autoridades Garantes del Estado consideren que subsiste el 
incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso 
de incumplimiento al superior jerárquico de la persona servidora pública responsable del mismo, se 
emitirá un acuerdo de incumplimiento y en su caso, se impondrán las medidas de apremio o 
determinaciones que resulten procedentes. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 

Capítulo I 

De las Disposiciones Generales de la Clasificación y Desclasificación de la Información 

 

Artículo 95. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad 
con lo dispuesto en el presente Título. 

 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en la Ley General y en esta Ley y, en ningún caso, podrán 
contravenirlas. 

 

Las personas titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la 
información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, en la presente Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de 
acceso a la información previstas en el presente Título y deberán acreditar su procedencia, sin ampliar 
las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley. 

 

Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen 
documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de dar respuesta a una 


solicitud de acceso a la información. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de 
acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con la actualización de los 
supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. 

 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la 
aplicación de la prueba de daño. 

 

Artículo 96. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 

 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

 

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 

 

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas 
en esta Ley. 

 

Artículo 97. Los documentos clasificados como reservados serán públicos, cuando: 

 

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 

 

II. Expire el plazo de clasificación; 

 

III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés 
público que prevalece sobre la reserva de la información; 

 

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo señalado 
en el presente Título, y 

 

V. Se trate de información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de 
lesa humanidad. 

 

Artículo 98. La información clasificada como reservada de conformidad con esta Ley podrá permanecer 
con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en 
que se clasifica el documento. 

 

Excepcionalmente los sujetos obligados con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán 
ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen 
que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de 
daño. 

 

Cuando expiren los plazos de clasificación o se trate de información cuya publicación pueda ocasionar 
la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o 
servicios públicos, que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de 
reserva de la información, el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud 
correspondiente a la Autoridad Garante del Estado, debidamente fundada y motivada, aplicando la 
prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al 
vencimiento del periodo. 

 

Artículo 99. Cada área del sujeto obligado elaborará un índice de los expedientes clasificados como 
reservados, por área responsable de la información y tema. 

 


El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en formatos abiertos al día siguiente de su 
elaboración. Dicho índice deberá indicar el área que generó la información, el nombre del documento, si 
se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el 
plazo de reserva y, en su caso, las partes del documento que se reservan y si se encuentra en prórroga. 

 

En ningún caso el índice será considerado como información reservada. 

 

Artículo 100. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los 
supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar 
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso 
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el 
sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. 

 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo 
al que estará sujeto la reserva. 

 

Artículo 101. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá, justificar que: 

 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable del perjuicio 
significativo al interés público o a la seguridad pública; 

 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, 
y 

 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio. 

 

Artículo 102. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al 
derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia. 

 

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera 
de los supuestos de reserva previstos en esta Ley corresponderá a los sujetos obligados. 

 

Artículo 103. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique 
tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva. 

 

Artículo 104. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de 
la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia 
obligatoria para los sujetos obligados. 

 

Artículo 105. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional. 

 

Capítulo II 

De la Información Reservada 

 

Artículo 106. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

 

I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 


 

II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes 
o afecte la recaudación de contribuciones; 

 

III. Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de 
investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido 
proceso en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de una 
persona denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

 

IV. La que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada; 

 

V. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a las personas servidoras públicas, en tanto 
la resolución administrativa no haya causado estado; 

 

VI. Afecte los derechos del debido proceso; 

 

VII. Afecte o vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, incluidos los de denuncias, inconformidades, responsabilidades 
administrativas y resarcitorias o afecte la administración de justicia o la seguridad de una persona 
denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables en tanto no hayan quedado firmes; 

 

VIII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la Ley señale como delitos y se 
tramiten ante el Ministerio Público; 

 

IX. El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público 
de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o 
procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; 

 

X. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al 
interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado 
con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes, y 

 

XI. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las 
bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas 
en tratados internacionales. 

 

Artículo 107. Las causales de reserva previstas en este Capítulo se deberán fundar y motivar, a través 
de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título. 

 

Artículo 108. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 

 

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o 

 

II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción acreditados de acuerdo con las leyes 
aplicables. 

 

 


Capítulo III 

De la Información Confidencial 

 

Artículo 109. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona física identificada o identificable. 

 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello. 

 

Se considera como información confidencial de personas físicas o jurídicas colectivas: los secretos 
bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a las 
personas particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos. 

 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten las personas particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 

 

Se considera confidencial el pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de quejas, denuncias y/o 
procedimientos administrativos seguidos en contra de personas servidoras públicas y particulares que 
se encuentren en trámite o no hayan concluido con una sanción firme. 

 

Artículo 110. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o 
fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, 
la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás 
causales de clasificación que prevé la presente Ley. 

 

Artículo 111. Los sujetos obligados que se constituyan como personas usuarias o como institución 
bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, 
la información relativa al ejercicio de estos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales 
de clasificación que prevé la presente Ley. 

 

Artículo 112. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en 
materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos como 
secreto fiscal. 

 

Artículo 113. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de las personas particulares titulares de la información. 

 

No se requerirá el consentimiento de la persona titular de la información confidencial cuando: 

 

I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; 

 

II. Por Ley tenga el carácter de pública; 

 

III. Exista una orden judicial; 

 

IV. Existan razones de salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su 
publicación, o 

 

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en 


términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 

 

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, la Autoridad Garante del Estado debidamente fundada 
y motivada, deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión 
patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la 
invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público 
de la información. 

 

Capítulo IV 

De las Versiones Públicas 

 

Artículo 114. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, en términos de lo 
que determine el Sistema Nacional. 

 

Artículo 115. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o medios empleados para 
eliminar la información en las versiones públicas no permitan la recuperación o visualización de la 
misma. 

 

Artículo 116. En las versiones públicas no podrá omitirse la información que constituya obligaciones de 
transparencia previstas en la presente Ley. 

 

TÍTULO SEXTO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información Pública 

 

Artículo 117. El procedimiento de acceso a la información es la garantía primaria del derecho en 
cuestión y se rige por los principios de simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, auxilio y 
orientación a los particulares, así como atención adecuada a las personas con discapacidad y a los 
hablantes de lengua indígena con el objeto de otorgar la protección más amplia del derecho de las 
personas. 

 

Artículo 118. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas 
y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, 
mediante solicitudes de información y deberá apoyar a la persona solicitante en la elaboración de las 
mismas, de conformidad con las bases establecidas en la presente Ley. 

 

Artículo 119. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud 
de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la 
oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, 
verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 

 

Artículo 120. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma 
Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que las personas solicitantes podrán 
dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que 
registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional dentro de los cinco días posteriores 


a su recepción y deberá enviar el acuse de recibo a la persona solicitante, en el que se indique la fecha 
de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables. 

 

Las Autoridades Garantes del Estado establecerán un Centro de Atención a través de medios de 
comunicación electrónicos, en tiempo real, con la finalidad de orientar y asesorar, sobre las solicitudes 
de acceso a la información pública. 

 

Artículo 121. Para presentar una solicitud, no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: 

 

I. Medio para recibir notificaciones; 

 

II. La descripción de la información solicitada, y 

 

III. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, 
siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de 
copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 

 

En su caso, la persona solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera 
la información de acuerdo con lo señalado en la presente Ley. 

 

Queda prohibido para los sujetos obligados recabar datos que den lugar a indagatorias sobre las 
motivaciones de la solicitud de información y su uso posterior. 

 

Artículo 122. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la 
Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, 
salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 

 

Las respuestas que otorguen las Unidades de Transparencia a través de la Plataforma Nacional se 
consideran válidas, aun cuando no cuenten con firma autógrafa. 

 

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que las personas solicitantes no proporcionen 
un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la 
notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 123. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día 
siguiente al que se practiquen. 

 

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles. 

 

Artículo 124. De manera excepcional, cuando de forma fundada y motivada así lo determine el sujeto 
obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique 
análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades 
técnicas administrativas y humanas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos 
establecidos para dichos efectos, se podrá poner a disposición del solicitante los documentos en consulta 
directa, salvo la información clasificada. 

 

En todo caso, se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio 
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 

 

Artículo 125. Cuando los detalles proporcionados en la solicitud de acceso a información resulten 
insuficientes, incompletos o sean erróneos, para localizar la información solicitada, la Unidad de 


Transparencia podrá requerir a la persona solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá 
exceder de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término 
de hasta diez días hábiles, indique otros elementos que complementen, corrijan o amplíen los datos 
proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. 

 

En este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 129 de la presente 
Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del 
particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado 
el requerimiento de información adicional. 

 

La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de 
información adicional. 

 

En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que 
respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento. 

 

Artículo 126. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita, sin 
necesidad de elaborar documentos adicionales para atender las solicitudes de acceso a información. 

 

Tratándose de solicitudes de acceso a información cuyo contenido constituya una consulta, el sujeto 
obligado podrá dar una interpretación para verificar si dentro de los documentos con los que cuentan 
atendiendo a las características señaladas en el párrafo anterior puede darse atención, sin que se 
entienda que debe emitir pronunciamientos específicos, explicaciones y/o argumentaciones sobre 
supuestos hipotéticos. 

 

En caso que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la 
misma en formatos abiertos. 

 

Artículo 127. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios 
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el 
solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles. La fuente deberá ser precisa y concreta y no debe implicar 
que el solicitante realice una búsqueda en toda la información que se encuentre disponible. 

 

Artículo 128. Las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas 
las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información solicitada. 

 

Artículo 129. La Unidad de Transparencia deberá notificar la respuesta a la solicitud al interesado en 
el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a la presentación de aquélla. 

 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días hábiles 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 
Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, 
antes de su vencimiento. 

 


Artículo 130. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por la persona 
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
obligado deberá justificar el impedimento, y notificar al particular la disposición de la información en 
todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, 
los costos de entrega. 

 

Artículo 131. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las 
solicitudes en materia de acceso a la información. 

 

La información que se entregue en versión pública, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un 
costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. No puede entenderse como reproducción la 
elaboración de la misma. 

 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los 
costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado. 

 

Artículo 132. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo 
mínimo de sesenta días, contado a partir de que la persona solicitante hubiere realizado, en su caso, el 
pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 

 

Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser 
el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información. Serán aplicables estas mismas 
disposiciones, en el cumplimiento a los recursos de revisión. 

 

Artículo 133. Cuando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de 
los sujetos obligados, dentro del ámbito de aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberán comunicarlo la persona solicitante, dentro de los tres días hábiles posteriores a la 
recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar a la persona solicitante, el o los sujetos 
obligados competentes. 

 

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. 

 

Artículo 134. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información 
deban ser clasificados, se sujetará a lo siguiente: 

 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité 
de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 

 

I. Confirmar la clasificación; 

 

II. Modificar. la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y 

 

III. Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. 

 

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la 
solicitud que establece esta Ley. 

 


Artículo 135. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de 
Transparencia: 

 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

 

III. Ordenará, a través de la Unidad de Transparencia, exponga de forma fundada y motivada, las razones 
por las cuales en el caso particular no cuenta con la información, lo cual notificará a la persona 
solicitante, y 

 

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

 

Artículo 136. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 
solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan a la persona solicitante tener la certeza de que 
se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que generaron la inexistencia en cuestión. 

 

En aquellos casos en que no se advierta obligación o competencia alguna de los sujetos obligados para 
contar con la información, derivado del análisis a las disposiciones jurídicas aplicables a la materia de 
la solicitud, además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que esta debe obrar en 
sus archivos, o bien, se cuente con atribuciones, pero no se ha generado la información no será necesario 
que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la misma. 

 

Cuando se requiera un dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la información sea 
cero, este deberá entenderse como un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, 
y no como la inexistencia de la información solicitada. 

 

Artículo 137. Las personas físicas y jurídicas colectivas que reciban y ejerzan recursos públicos o 
realicen actos de autoridad serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar 
el acceso a la información. 

 

Capítulo II 

De las Cuotas de Acceso 

 

Artículo 138. En caso de existir costos para obtener la información deberán cubrirse de manera previa 
a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 

 

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 

 

II. El costo de envío, en su caso, y 

 

III. El pago de la certificación de los documentos, cuando proceda. 

 

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse, en su caso, en el Código Financiero del 
Estado de México y Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables, las cuales se publicarán en 
los sitios de internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos 
permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo, se establecerá la 
obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que la persona solicitante realice el 
pago íntegro del costo de la información que solicitó. 


 

Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable el Código Financiero del Estado de México y 
Municipios deberán establecer cuotas que no sean mayores a las dispuestas en dicho ordenamiento. 

 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 
simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a 
las circunstancias socioeconómicas de la persona solicitante. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN 

 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 139. La persona solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante la Autoridad Garante del Estado que 
corresponda o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince 
días, siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta o del vencimiento del plazo para su 
notificación. 

 

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de 
revisión a la Autoridad Garante del Estado que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo 
recibido. 

 

Para el caso de personas que posean algún tipo de discapacidad que les dificulte una comunicación clara 
y precisa o de personas que sean hablantes de lengua indígena, se procurará proporcionarles 
gratuitamente un traductor o intérprete. 

 

Asimismo, cuando el recurso sea presentado por una persona con discapacidad ante la Unidad de 
Transparencia, dicha circunstancia deberá ser notificada a la Autoridad Garante del Estado, para que 
determine mediante acuerdo los ajustes razonables que garanticen la tutela efectiva del derecho de 
acceso a la información. 

 

Artículo 140. El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para 
hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas: 

 

I. La clasificación de la información; 

 

II. La declaración de inexistencia de la información; 

 

III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 

 

IV. La entrega de información incompleta; 

 

V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 

 

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información; 

 

VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto 
al solicitado; 

 


VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible 
para el solicitante; 

 

IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 

 

X. La falta de trámite a una solicitud; 

 

XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 

 

XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, y 

 

XIII. La orientación a un trámite específico. 

 

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda 
por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI de este artículo, es susceptible de ser 
impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante la Autoridad Garante del Estado 
correspondiente. 

 

Artículo 141. El recurso de revisión contendrá: 

 

I. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud; 

 

II. El nombre de la persona solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, de la persona 
tercera interesada, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones; 

 

III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso; 

 

IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o 
de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta; 

 

V. El acto que se recurre; 

 

VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 

 

VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, en el caso 
de respuesta de la solicitud. 

 

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a 
juicio de la Autoridad Garante del Estado. 

 

En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto. 

 

Artículo 142. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en el artículo anterior y la Autoridad Garante del Estado no cuenta con elementos para 
subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido para 
recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá 
exceder de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con 
el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión. 

 

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen las Autoridades Garantes del Estado 
para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo. 


 

En los casos que no se proporcione un domicilio o medio para recibir notificaciones o, en su defecto, no 
haya sido posible practicar la notificación, se realizará por estrados en el domicilio de la Autoridad 
Garante del Estado. 

 

No podrá prevenirse por el nombre o los datos que proporcione la persona solicitante. 

 

Artículo 143. La Autoridad Garante del Estado resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá 
exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, plazo que podrá ampliarse por 
una sola vez y hasta por un periodo de veinte días. Durante el procedimiento debe aplicarse la suplencia 
de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes 
puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 

 

Artículo 144. Cuando en el recurso de revisión se señale como agravio la omisión por parte del sujeto 
obligado de responder a una solicitud de acceso, y el recurso se resuelva de manera favorable para el 
recurrente, el sujeto obligado deberá darle acceso a la información en un periodo no mayor a los diez 
días hábiles; en cuyo caso se hará sin que se requiera del pago correspondiente de derechos por su 
reproducción, siempre que la resolución esté firme, la entrega sea en el formato requerido originalmente 
y no se trate de copias certificadas. 

 

Artículo 145. En todo momento, las Autoridades Garantes en tiempo real deberán tener acceso a la 
información clasificada para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de 
conformidad con la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o 
salvaguarda de la información. 

 

Tratándose de la información a que se refiere el artículo 98 de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
dar acceso a las Autoridades garantes a dicha información mediante la exhibición de la documentación 
relacionada, en las oficinas de los propios sujetos obligados. 

 

Artículo 146. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por las 
Autoridades Garantes del Estado, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser 
mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que 
sobreviniera la desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado 
en el que originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos 
humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

Artículo 147. La Autoridad Garante del Estado, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una 
prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando 
exista una colisión de derechos. 

 

Para estos efectos, se entenderá por: 

 

I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de 
un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido; 

 

II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información para 
satisfacer el interés público, y 

 

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que 
la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población. 


 

Artículo 148. Las Autoridades Garantes del Estado resolverán el recurso de revisión conforme a lo 
siguiente: 

 

I. Interpuesto el recurso de revisión, deberán proceder a su análisis para que decrete su admisión o su 
desechamiento, dentro de los cinco días siguientes a su recepción; 

 

II. Admitido el recurso de revisión, deberán integrar un expediente y ponerlo a disposición de las partes, 
para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga. De considerarse 
improcedente el recurso, deberá desecharse mediante acuerdo fundado y motivado, dentro de un plazo 
máximo de cinco días contados a partir de la conclusión del plazo otorgado a las partes para que 
manifiesten lo que a sus intereses convenga, debiendo notificarle dentro de los tres días siguientes a la 
emisión del acuerdo; 

 

III. En caso de existir persona tercera interesada, se le hará la notificación para que en el plazo 
mencionado en la fracción anterior acredite su carácter, alegue lo que a su derecho convenga y aporte 
las pruebas que estime pertinentes; 

 

IV. Dentro del plazo mencionado en la fracción II, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o 
alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas que sean contrarias a 
derecho. Se recibirán aquellas pruebas que resulten supervinientes por las partes, mismas que serán 
tomadas en cuenta, siempre y cuando no se haya dictado la resolución; 

 

V. Podrán determinar la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso 
de revisión; 

 

VI. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, procederán a decretar el cierre de 
instrucción. Asimismo, a solicitud de los sujetos obligados o los recurrentes, los recibirán en audiencia, 
a efecto de allegarse de mayores elementos de convicción que le permitan valorar los puntos 
controvertidos objeto del recurso de revisión; 

 

VII. No estarán obligadas a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el 
cierre de instrucción, y 

 

VIII. Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá 
exceder de veinte días. 

 

Artículo 149. Las resoluciones de las Autoridades Garantes del Estado podrán: 

 

I. Desechar o sobreseer el recurso; 

 

II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, y 

 

III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. 

 

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los 
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de 
información. Excepcionalmente las Autoridades Garantes del Estado, previa fundamentación y 
motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera. 

 

Artículo 150. En las resoluciones las Autoridades Garantes del Estado podrán señalarles a los sujetos 


obligados que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia 
de conformidad con lo previsto en esta Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia 
de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones. 

 

Artículo 151. Las Autoridades Garantes del Estado deberán notificar a las partes y publicar las 
resoluciones, a más tardar, el tercer día siguiente de su aprobación. 

 

Los sujetos obligados deberán informar a las Autoridades Garantes del Estado el cumplimiento de sus 
resoluciones en un plazo no mayor a tres días. 

 

Artículo 152. Cuando las Autoridades Garantes del Estado determinen durante la sustanciación del 
recurso de revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento 
a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia, 
deberá hacerlo del conocimiento del órgano interno de control de la instancia competente para que éste 
inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 

 

Artículo 153. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley; 

 

II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el 
recurrente; 

 

III. No actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 

 

VI. Se trate de una consulta, y 

 

VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos 
contenidos. 

 

Artículo 154. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen 
alguno de los siguientes supuestos: 

 

I. El recurrente se desista; 

 

II. El recurrente fallezca o, tratándose de personas jurídicas colectivas, se disuelva; 

 

III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión 
quede sin materia, y 

 

IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos de la 
presente Ley. 

 

Artículo 155. Las resoluciones de las Autoridades Garantes del Estado son vinculatorias, definitivas e 
inatacables para los sujetos obligados. 

 

 


Capítulo II 

Del Recurso de Inconformidad 

 

Artículo 156. Las personas particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de las 
Autoridades Garantes del Estado por la vía del recurso de inconformidad, en los casos previstos en la 
Ley General, o ante los jueces y tribunales especializados en materia de transparencia establecidos por 
el Poder Judicial de la Federación mediante el juicio de amparo. 

 

Artículo 157. El recurso de inconformidad se substanciará conforme a los plazos, procedimientos y 
cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley General. 

 

Capítulo III 

Del Cumplimiento de las Resoluciones 

 

Artículo 158. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto 
cumplimiento a las resoluciones de las Autoridades Garantes del Estado y deberán informar a éstas 
sobre su cumplimiento. 

 

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán 
solicitar a las Autoridades Garantes del Estado, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo 
para el cumplimiento de la resolución. 

 

Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado 
para el cumplimiento, a efecto de que las Autoridades Garantes del Estado resuelvan sobre la procedencia 
de la misma dentro de los cinco días siguientes. 

 

Artículo 159. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá rendir 
informe a la Autoridad Garante del Estado sobre el cumplimento de la resolución y publicar en la 
Plataforma Nacional la información con la que se atendió a la misma. 

 

La Autoridad Garante del Estado verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día 
siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado 
por la Autoridad Garante del Estado, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo 
considera. 

 

Artículo 160. La Autoridad Garante del Estado deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, 
sobre todas las causas que el recurrente manifieste, así como del resultado de la verificación realizada. 
Si la autoridad señalada considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de 
cumplimiento y se ordenará el archivo del expediente. En caso contrario, dicha autoridad: 

 

I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento; 

 

II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles, se dé cumplimiento a la resolución, y 

 

III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las 
acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el siguiente Título. 

 


TÍTULO OCTAVO 

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 

 

Capítulo I 

De las Medidas de Apremio 

 

Artículo 161. Las Autoridades Garantes del Estado podrán imponer en sus respectivos ámbitos de 
competencia, a la persona servidora pública encargada de cumplir con la resolución, o a la persona física 
o jurídico colectiva responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento, de 
sus determinaciones: 

 

I. Amonestación pública, o 

 

II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente al 
momento en que se cometa el incumplimiento. 

 

Artículo 162. Para calificar las medidas de apremio, las Autoridades Garantes del Estado deberán 
considerar: 

 

I. La gravedad de la falta del sujeto obligado, determinada por elementos tales como el daño causado, los 
indicios de intencionalidad, la duración del incumplimiento de las determinaciones de las Autoridades 
Garantes del Estado, y la afectación al ejercicio de sus atribuciones; 

 

II. La condición económica de la persona infractora, y 

 

III. La reincidencia. 

 

El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en la Plataforma Nacional y en el portal de 
obligaciones de transparencia de las Autoridades Garantes del Estado y considerados en las evaluaciones 
que realicen estas. 

 

Artículo 163. En caso de reincidencia, las Autoridades Garantes del Estado podrán imponer una multa 
equivalente hasta el doble de la que se hubiera determinado por las mismas. 

 

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, 
cometa otra del mismo tipo o naturaleza. 

 

En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de las Autoridades Garantes del Estado 
implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 169 de esta 
Ley, la Autoridad garante respectiva deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. 

 

Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 

 

Artículo 164. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo anterior no 
se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo 
de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el 
superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el artículo anterior. 

 

Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, en su caso, determinará las sanciones que 
correspondan. 

 


Artículo 165. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo deberán ser impuestas por 
las Autoridades Garantes del Estado y ejecutadas por sí mismas o con el apoyo de la autoridad 
competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 

Artículo 166. Las medidas de apremio deberán aplicarse e implementarse en un plazo máximo de quince 
días, contados a partir de que sea notificada la medida de apremio a la persona infractora. 

 

Artículo 167. La amonestación pública será impuesta y ejecutada por las Autoridades Garantes del 
Estado, a excepción de cuando se trate de personas servidoras públicas, en cuyo caso será ejecutada por 
el superior jerárquico inmediato de la persona infractora con el que se relacione. 

 

Las multas que fijen las Autoridades Garantes del Estado se harán efectivas ante la Secretaría de 
Finanzas del Estado, a través de los procedimientos que las leyes establezcan. 

 

Artículo 168. Será supletorio a los mecanismos de notificación y ejecución de medidas de apremio, lo 
dispuesto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 

Capítulo II 

De las Sanciones 

 

Artículo 169. Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia 
de la presente Ley, las siguientes: 

 

I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad 
aplicable; 

 

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la clasificación o desclasificación de la información, así como 
durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la información o bien, al no difundir 
la información relativa a las obligaciones de transparencia prevista en la presente Ley; 

 

III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley; 

 

IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa 
legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia 
de los sujetos obligados y de sus personas servidoras públicas o a la cual tengan acceso o conocimiento 
con motivo de su empleo, cargo o comisión; 

 

V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de 
envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por personas usuarias en su solicitud de acceso 
a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley; 

 

VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos 
previstos en la presente Ley; 

 

VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba 
generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; 

 

VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos; 

 

IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos 


de autoridad, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

X. Realizar actos para intimidar a las personas solicitantes de información o inhibir el ejercicio del 
derecho; 

 

XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o 
confidencial; 

 

XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las 
características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa 
las Autoridades Garantes del Estado, que haya quedado firme; 

 

XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no 
existan o haya fenecido el plazo, cuando las Autoridades Garantes del Estado determinen que existe una 
causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia; 

 

XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por las Autoridades 
Garantes del Estado, o 

 

XV. No acatar las resoluciones emitidas por las Autoridades Garantes del Estado, en ejercicio de sus 
funciones. 

 

Artículo 170. Para determinar el monto de las multas y calificar las sanciones establecidas en el presente 
Capítulo, la Autoridad Garante del Estado deberá considerar: 

 

I. La gravedad de la falta del sujeto obligado, determinada por elementos tales como el daño causado, los 
indicios de intencionalidad, la duración del incumplimiento de las determinaciones de las Autoridades 
Garantes del Estado, y la afectación al ejercicio de sus atribuciones; 

 

II. La condición económica de la persona infractora; 

 

III. La reincidencia, y 

 

IV. En su caso, el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento 
sancionatorio, el cual podrá considerarse como atenuante de la sanción a imponerse. 

 

Artículo 171. Con independencia del carácter de las personas presuntas infractoras, las Autoridades 
Garantes del Estado para conocer, investigar, remitir documentación y, en su caso, sancionar, 
prescribirán en un plazo de cinco años a partir del día siguiente en que se hubieran cometido las 
infracciones o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo. 

 

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 

 

Artículo 172. Las conductas a que se refiere el artículo 169 serán sancionadas por las Autoridades 
Garantes del Estado, de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de México y Municipios. En su caso, darán vista a la autoridad competente para que imponga o 
ejecute la sanción. 

 

Artículo 173. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos 
correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto en la presente Ley, son independientes de las 
de orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos. 


 

Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos previstos 
en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, 
también se ejecutarán de manera independiente. 

 

Para tales efectos, las Autoridades Garantes del Estado podrán denunciar ante las autoridades 
competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que se consideren 
pertinentes, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 174. En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, o 
personas físicas o jurídicas colectivas que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de 
autoridad, las Autoridades Garantes del Estado deberán dar vista al órgano interno de control del sujeto 
obligado relacionado con estos, cuando sean personas servidoras públicas, con el fin de que 
instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar. 

 

Artículo 175. En aquellos casos en que la persona presunta infractora tenga la calidad de persona 
servidora pública, las Autoridades Garantes del Estado deberán remitir a la autoridad competente, junto 
con la denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten 
la presunta responsabilidad administrativa. 

 

La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y, en su caso, 
de la ejecución de la sanción correspondiente a la autoridad denunciante. 

 

Artículo 176. Cuando se trate de personas presuntas infractoras que no cuenten con la calidad de 
personas servidoras públicas, las Autoridades Garantes del Estado serán las autoridades facultadas para 
conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a esta Ley, y llevar a cabo las acciones 
conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones. 

 

Artículo 177. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior dará comienzo con la notificación que 
efectúe la Autoridad Garante del Estado a la persona presunta infractora, sobre los hechos e 
imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un término de quince días para que 
rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no hacerlo, la autoridad 
competente que conozca del procedimiento resolverá de inmediato con los elementos de convicción que 
disponga. 

 

La Autoridad Garante del Estado admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. 
Una vez desahogadas las pruebas, la Autoridad Garante del Estado notificará a la persona presunta 
infractora el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de 
los cinco días siguientes a su notificación. 

 

Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, la Autoridad Garante del Estado 
resolverá, en definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento 
sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada a la persona presunta infractora y, dentro de los 
diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente. 

 

Cuando haya causa justificada debidamente fundada y motivada, la autoridad que conozca del asunto 
podrá ampliar el plazo de resolución por una sola vez y hasta por un periodo igual. 

 

Artículo 178. En las normas respectivas de las Autoridades Garantes del Estado se precisará toda 
circunstancia relativa a la forma, términos y cumplimiento de los plazos a que se refiere el procedimiento 
sancionatorio previsto en esta Ley, incluyendo la presentación de pruebas y alegatos, la celebración de 


audiencias, el cierre de instrucción y la ejecución de sanciones. En todo caso, será supletorio a este 
procedimiento sancionador lo dispuesto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México. 

 

Artículo 179. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que no 
cuenten con la calidad de persona servidora pública serán sancionadas con: 

 

I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera 
inmediata, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en las fracciones 
I, III, V, VI, y X del artículo 169 de esta Ley. 

 

Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los términos 
previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará multa de 
ciento cincuenta a doscientos cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente; 

 

II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, en los casos previstos en las fracciones II y IV del artículo 169 de la Ley, y 

 

III. Multa de ochocientas a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 169 de 
esta Ley. 

 

Se aplicará multa adicional hasta cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente, por día, a quien persista en las infracciones citadas en las fracciones anteriores. 

 

Artículo 180. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de las Autoridades Garantes del 
Estado implique la presunta comisión de un delito, estas deberán denunciar los hechos ante la autoridad 
competente. 

 

Artículo 181. Las personas físicas o jurídicas colectivas que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan 
actos de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, 
cumplir con sus obligaciones de transparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta 
del Gobierno". 

 

TERCERO. Se abrogan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
y Municipios y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
México y Municipios, publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 4 de mayo de 2016 y el 
30 de mayo de 2017, respectivamente. 

 

CUARTO. Las referencias, menciones, atribuciones o funciones contenidas en leyes, reglamentos y, en 
general, en cualquier disposición normativa, respecto al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios se entenderán 
hechas o conferidas a los entes públicos que adquieren tales atribuciones o funciones, según 
corresponda. 


 

QUINTO. Los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, 
serán respetados, en términos de la legislación aplicable. 

 

SEXTO. De conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto 198 por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 4 de noviembre de 2025, a la entrada en vigor 
del presente Decreto se extinguirá el órgano constitucional autónomo denominado Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México 
y Municipios; para el cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de Finanzas de conformidad con lo 
establecido en las disposiciones jurídicas aplicables, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, nombrará a una persona representante legal, 
responsable del proceso de liquidación del referido Instituto, quien tendrá las más amplias facultades 
para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas, así como para suscribir u otorgar títulos de 
crédito, incluyendo aquellas que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial, en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables, y para realizar cualquier acción que coadyuve al eficiente 
proceso de liquidación. 

 

El órgano constitucional autónomo denominado Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios conservará su personalidad 
jurídica, exclusivamente para efectos del proceso de liquidación y de las acciones previstas en los 
presentes artículos transitorios. 

 

Para efectos del proceso de liquidación y transferencia de recursos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, y de la 
respectiva asunción de funciones y atribuciones por parte de las instancias correspondientes, en un 
plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se 
establecerá una Comisión Transitoria de Transferencia integrada por personas representantes de las 
Secretarías de Finanzas y de la Contraloría, la Consejería Jurídica y la Oficialía Mayor, y la persona 
representante legal designada para realizar el proceso de liquidación. Dicha Comisión Transitoria de 
Transferencia será la encargada de establecer los procedimientos y directrices de forma colegiada para 
la determinación de las acciones y el seguimiento de las gestiones para la liquidación del citado Instituto 
y su transferencia a las instancias competentes. 

 

La Comisión Transitoria de Transferencia podrá invitar a participar en sus reuniones a personas 
servidoras públicas de las instancias que asuman facultades y atribuciones en términos del presente 
Decreto y a las personas que previo a la entrada en vigor del Decreto prestaban sus servicios o se 
desempeñaban como personas servidoras públicas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, incluidas las 
personas Comisionadas. La citada Comisión permanecerá en funciones por lo menos 6 meses y quedará 
sin efectos a partir de que la misma resuelva que su objeto ha sido totalmente concluido. 

 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto deberá entregar a la persona representante legal encargada del proceso de 
liquidación, una relación de la plantilla del personal que presta sus servicios en dicho Instituto, que 
incluya su relación laboral, modalidad, salario y antigüedad, a fin de que realice las acciones que 
correspondan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. La Comisión Transitoria deberá 
establecer los lineamientos para la contratación, continuidad o en su caso, liquidación, del personal que 
prestaba sus servicios en dicho Instituto. 


 

Las personas que se desempeñaron como servidoras públicas en el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, están 
obligadas a presentar la declaración patrimonial y de intereses de conclusión del encargo, conforme a 
las disposiciones legales aplicables y a través del Sistema de Situación Patrimonial (SITPAT), dentro de 
los sesenta días naturales siguientes contados a partir de la publicación del presente decreto. Las 
personas que dentro de los diez días previos a la entrada en vigor del presente Decreto se hayan 
desempeñado como personas servidoras públicas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, incluyendo a las personas 
Comisionadas, deben presentar acta administrativa de entrega-recepción institucional e individual, 
según corresponda, a la persona servidora pública que la Secretaría de la Contraloría designe y conforme 
a la normativa aplicable, en los formatos de la referida dependencia o en los medios que ésta determine, 
en el entendido que la entrega que se realice no implica liberación alguna de responsabilidades que 
pudieran llegarse a determinar por la autoridad competente con posterioridad. 

 

SÉPTIMO. Los recursos materiales y financieros, incluidos los bienes inmuebles, con que cuente el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de México y Municipios a la entrada en vigor del presente Decreto, serán transferidos a la Secretaría de 
la Contraloría, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

Asimismo, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios deberá entregar a la citada dependencia la información y 
formatos necesarios para integrar la Cuenta Pública y demás informes correspondientes al periodo 
aplicable, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

La Secretaría de Finanzas, exclusivamente para efectos de la implementación del presente Decreto, podrá 
autorizar las adecuaciones, ampliaciones y traspasos presupuestarios estrictamente necesarios para la 
integración y funcionamiento del órgano desconcentrado denominado Transparencia Mexiquense, de las 
funciones que se transfieren, y para la protección de los derechos laborales del personal del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México 
y Municipios únicamente informando en todo caso a la Legislatura Local, incluidos en los traspasos que 
rebasen el 3% del presupuesto total autorizado anual a las instancias correspondientes. 

 

OCTAVO. Los registros, padrones y sistemas, internos y externos con los que cuenta el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México 
y Municipios, así como los sistemas informáticos utilizados por dicho Instituto, incluso los que ya no se 
utilicen pero contengan registros históricos, incluida su documentación y titularidad, serán transferidos 
a la Secretaría de la Contraloría dentro de los quince días hábiles siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

 

La transferencia de los registros, padrones, sistemas y bases de datos deberá realizarse observando las 
medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas previstas en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en la legislación estatal aplicable, a fin de garantizar 
su integridad, disponibilidad y confidencialidad. 

 

NOVENO. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de México y Municipios, en materia de acceso a la información pública y datos personales, se 
sustanciarán ante Transparencia Mexiquense conforme a las disposiciones aplicables vigentes al 
momento de su inicio. 


 

La defensa legal ante autoridades administrativas, jurisdiccionales y judiciales de los actos 
administrativos y jurídicos emitidos por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en materia de acceso a la información 
pública, se llevará a cabo por Transparencia Mexiquense. 

 

Transparencia Mexiquense podrá remitir a la Autoridad garante competente aquellos asuntos que se 
mencionan en los párrafos anteriores que le corresponda conforme al ámbito de sus atribuciones para 
su atención. 

 

DÉCIMO. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá expedir las adecuaciones 
correspondientes a los reglamentos y demás disposiciones aplicables, incluida la emisión del Reglamento 
Interior de Transparencia Mexiquense, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto, a fin de armonizarlos a lo previsto en el mismo. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Los expedientes y archivos que a la entrada en vigor del presente Decreto estén a 
cargo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios para el ejercicio de sus facultades sustantivas, competencias o 
funciones, de conformidad con la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México 
y Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables, serán transferidos a la Secretaría de la 
Contraloría dentro de los veinte días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

La Secretaría de la Contraloría, dentro de los treinta días naturales siguientes contados a partir de que 
se reciban los expedientes y archivos que se mencionan en el párrafo anterior, podrá transferirlos a la 
autoridad correspondiente. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. El Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios queda extinto 
y sus asuntos y procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto estén a su cargo, así como 
los expedientes y archivos, serán transferidos al Órgano Interno de Control de la Secretaría de la 
Contraloría dentro de los veinte días hábiles siguientes a su entrada en vigor, y serán tramitados y 
resueltos por dicho órgano conforme a las disposiciones jurídicas vigentes al momento de su inicio. 

 

DÉCIMO TERCERO. El Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México 
deberá instalarse a más tardar en ciento veinte días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, previa convocatoria que al efecto emita la Secretaría de la Contraloría. 

 

DÉCIMO CUARTO. Los Poderes Legislativo y Judicial; y los órganos constitucionales autónomos del 
Estado de México en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto deberán realizar las adecuaciones necesarias a su normativa interna para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en este instrumento. 

 

Para efectos de lo previsto en este Transitorio y el Transitorio Noveno, se suspenden por un plazo de 
hasta noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto todos y cada uno 
de los trámites, procedimientos y demás medios de impugnación, establecidos en este instrumento y 
demás normativa aplicable, con excepción de la recepción y atención de las solicitudes de información 
que se tramitan a través de la Plataforma Nacional de Transparencia por las autoridades que se 
mencionan en el párrafo anterior y de Transparencia Mexiquense. 

 

DÉCIMO QUINTO. La Secretaría de la Contraloría emitirá los lineamientos a los que hace referencia el 
artículo 1.49 del Código Administrativo del Estado de México atendiendo al principio de progresividad 


sobre los lineamientos vigentes y a las disposiciones del presente Decreto en un plazo no mayor a 60 
días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

DÉCIMO SEXTO. La Secretaría de la Contraloría instalará el Comité de Registro de Testigos Sociales con 
base en los lineamientos correspondientes en un plazo no mayor a 90 días hábiles a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, mientras tanto el actual Comité de Registro de Testigos Sociales mantendrá 
su función la que concluye con la instalación del nuevo Comité. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. Las secretarías de Finanzas y de la Contraloría, la Consejería Jurídica y la Oficialía 
Mayor, en el ámbito de sus respectivas competencias, intervendrán en los procedimientos objeto del 
presente Decreto y proveerán lo necesario para el cumplimiento del mismo en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Lo tendrá entendido la Gobernadora del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 

 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, 
a los veinte días del mes de agosto del dos mil veintiséis.- Presidenta.- Dip. Martha Azucena Camacho 
Reynoso.- (Rúbrica).- Secretaria.- Dip. Sandra Patricia Santos Rodríguez.- (Rúbrica).- Secretario.- Dip. 
Eduardo Zarzosa Sánchez.- (Rúbrica).- Secretaria.- Dip. Ruth Salinas Reyes.- (Rúbrica). 

 

Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Toluca de Lerdo, México, a 27 de agosto de 2026.- La Gobernadora Constitucional del Estado de 
México, Mtra. Delfina Gómez Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte 
Olivares.- Rúbrica. 

 

 

APROBACIÓN: 20 de agosto de 2026. 

 

PROMULGACIÓN: 27 de agosto de 2026. 

 

PUBLICACIÓN: 01 de octubre de 2026. 

 

VIGENCIA: El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno".